Por Mariana Veron - Con la crisis económica golpeando sobre las espaldas, la presidenta Cristina Kirchner ensayó ayer su primera jugada política de alto impacto desde que decidió reformar, ley mediante, la Carta Orgánica del Banco Central para que la autoridad monetaria intervenga fuertemente en la economía.

El Gobierno ya le había dado varias señales a la banca privada. Desde reuniones de la propia jefa del Estado, reservadas, en la quinta de Olivos, hasta una docena de encuentros de la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, con los principales dueños de bancos, la Casa Rosada primero advirtió y ayer decidió directamente obligarlos a dar préstamos con condiciones rigurosas para apuntalar la inversión en medio de la crisis.

El plan anunciado ayer por la propia Presidenta tiene dos ejes centrales: impulsar la inversión y generar puestos de trabajo, confió una fuente oficial, en momentos en los que una de las mayores preocupaciones de la Casa Rosada volvió a ser el empleo. Con empresas que comenzaron a cesantear personal y hasta a cerrar sus puertas, Cristina Kirchner prometió ayer que tomará todas las medidas necesarias para mantener caliente la economía.

La Presidenta se mostró enojada al momento de hacer el anuncio. Nueve veces seguidas golpeó con el puño cerrado la base del atril, de vidrio, mientras se quejaba de la falta de préstamos del sector privado. "Les pedimos que ahora, que están solventes, que están líquidos, sin hacer locuras porque no queremos crear ningún endeudamiento de nada, ayuden a sostener la inversión", les rogó Cristina a los dueños de bancos.

Hasta se quejó de los economistas que no predijeron el corralito, deuda que el Gobierno se propone terminar de pagar el próximo 3 de agosto. "Si los economistas saben tanto de economía, no entiendo por qué no son todos ricos", los cuestionó.

Más allá de un tono duro, la Presidenta se dedicó también a hacer bromas sobre las publicidades de las entidades privadas y les exigió, por ahora de palabra, que las mantengan para la nueva línea que deberán comenzar a implementar a partir de mañana, cuando entre en vigencia la nueva normativa que hoy aprobará el directorio del Banco Central.

En medio del vendaval económico, la jefa del Estado habló también de las virtudes que, ahora para ella, tiene la soja. Dijo que, junto con el maíz, eran dos "plantas industriales" y ya no un yuyo, como la describió durante el conflicto con el campo, en 2008. En la Casa Rosada, Cristina contó que el empresario sojero Gustavo Grobocopatel, con quien dialogó por videoconferencia desde Chivilcoy, la había convencido para hacer tal afirmación. Desde allí, el empresario anunció una nueva inversión en una fábrica de pastas, y con una buena dosis de humor que hizo estallar de risa a la Presidenta, pidió que lo definieran ya no como "el rey de la soja sino como el rey del fideo", en alusión a su nuevo emprendimiento.

Con una inversión de US$ 20 millones, Los Grobo inauguró una segunda línea de producción en su fábrica de pastas en Chivilcoy. El grupo está posicionado como el cuarto grupo molinero y exportador de harina argentina, destinada principalmente al mercado brasileño.

Varias veces la Presidenta retomó las palabras de Grobocopatel, que minutos antes había pedido mayor confianza. "Gustavo, los bancos privados, que también son empresarios, parece que no confían tanto en los empresarios porque prestan mucho menos a los empresarios y mucho más al consumo, al gasto, y luego hablan de que hay inflación", se quejó Cristina, sin recordar las numerosas veces que ella misma llamó a sostener el consumo y lo incentivó con medidas oficiales. "En realidad, deberían hacer lo que hace, por ejemplo, el Banco Nación que presta, fundamentalmente, para toda la inversión", agregó.

La Presidenta también incluyó entre los bancos obligados a prestar al Banco Provincia, en medio de los cortocircuitos políticos entre la Casa Rosada y el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, por la falta de recursos del gobierno provincial.

Una de las exigencias que impondrá la normativa del Banco Central es que la mitad de los fondos destinados a los créditos a la inversión vayan a las pequeñas y medianas empresas, donde apunta fuerte el Gobierno para mantener los puestos de trabajo.