Por Martín Kanenguiser - El Gobierno aguarda con preocupación el desenlace de la causa que los fondos buitre le ganaron en primera instancia y que podría determinar una virtual ruptura con los bonistas que aceptaron los dos canjes para salir del default.

Si no se posterga, el miércoles 18 una audiencia ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, escuchará las posturas de la Argentina, los bonistas y el gobierno norteamericano en torno de este caso relacionado con la cláusula pari passu.

En primera instancia, el juez Thomas Griesa falló en contra del Gobierno y fuentes oficiales reconocieron a LA NACION que la decisión de la Cámara "está muy complicada" para anticipar un final favorable.

"Cuando un expediente llega a esta instancia, es una caja de Pandora", explicó una calificada fuente oficial, preocupada por las noticias transmitidas por el estudio que representa a la Argentina en Nueva York, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton.

Un abogado relacionado con el expediente dijo a LA NACION que "las posibilidades son del 50% para el Gobierno y el 50% para los bonistas".

El secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, admitió tiempo atrás que "es un trámite largo, porque la Cámara se toma mucho tiempo y después queda otra instancia".

Si se ratificara la decisión de Griesa, que en sus últimos fallos reflejó su cansancio por la falta de resolución del conflicto entre la Argentina y sus acreedores después de más de 10 años de disputa judicial, el Gobierno no podría pagarles a los bonistas que aceptaron los canjes sin ser embargada.

Esto se debe a que los fondos Dart y Elliott lograron que Griesa avalara la idea de que deben cobrar como el resto de los acreedores y, por lo tanto, si la Cámara convalida la sentencia, el Gobierno debería pagarles proporcionalmente una parte de lo que les paga a los demás en cada vencimiento. El juez además responsabilizó a los bancos que participaron del canje y que distribuyen los dólares de la Argentina en Estados Unidos, por lo que el temor a un fallo desfavorable no se circunscribe al Gobierno.

Griesa aplicó la cláusula pari passu para aceptar este reclamo, que determina que los pasivos que reclaman los holdouts tienen los mismos derechos y obligaciones que otros acreedores, pese a que éstos aceptaron los términos dictados por el Gobierno en los canjes de 2005 y 2010 y los demandantes no.

La fuente oficial dijo que "hay mucha jurisprudencia que avala lo que dijo el gobierno de Estados Unidos", que presentó un escrito en favor de la Argentina, no sólo por este caso puntual, sino para evitar que los fondos buitre puedan boicotear otras reestructuraciones soberanas. En su presentación ante los tribunales, apelando a la figura de amicus curiae, el gobierno de Barack Obama admitió "una consternación casi universal por los mercados financieros" ante la decisión de aplicar la cláusula pari passu.

En el Palacio de Hacienda respiraron aliviados por este escrito, pero los bonistas también lograron un fuerte apoyo entre diversas asociaciones de lobby norteamericanas, que juegan una influencia clave en un año electoral.

El embajador Jorge Argüello entabló una compleja estrategia para enfrentar esta presión ante la opinión pública norteamericana. Pero entre los funcionarios de los departamentos del Tesoro y de Estado predomina un fuerte escepticismo por la falta de acuerdo con la Argentina respecto de otras deudas, como la referida al Club de París y los fallos favorables a empresas de ese país ante los tribunales arbitrales del Banco Mundial.

Si la Cámara convalidara el reclamo de los fondos buitre, según abogados que participaron del canje, la Argentina no podría pagar los servicios de la deuda surgidos de ambos canjes si no les paga también a los bonistas más rebeldes.

Así, indicaron, el Gobierno debería liquidar los bonos en la Caja de Valores en Buenos Aires para evitar cualquier posibilidad de embargo, con el consecuente perjuicio para los acreedores que comenzaron a cobrar en 2005 y 2010, respectivamente. "Una sentencia desafavorable llevaría a que tengamos que ser muy cuidadosos para pagar los servicios de deuda", admitió la fuente.

El funcionario dijo que "convalidar una sentencia así complicaría todos los procesos de reestructuración en curso o que puedan registrarse en Europa en el futuro, en un escenario en el que se necesita tranquilidad".La causa avanza mientras inversores internacionales pasaron esta semana por el Palacio de Hacienda para ver si la Argentina vuelve a los mercados. La respuesta tajante fue: "La Presidenta no quiere"..