Para anticipar este evento, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, adaptó la idea del tablero electrónico colocado en la zona neoyorquina de la Sexta Avenida y la 44 que, desde 1989, registra el incesante crecimiento de la deuda pública norteamericana en términos nominales. Pero el contador argentino ubicado en la entrada del edificio y en el sitio de Internet del Ministerio de Economía va en sentido inverso, marcando los días, horas, minutos y segundos que faltan para el pago de la última cuota de este bono, entregado a los ahorristas afectados por el corralito y el corralón. Sin embargo, por aquella crisis también resta pagarles a los ahorristas US$ 243 millones por el Boden 2013, en abril del año próximo.

Si bien la deuda bajó en relación con el PBI al 41%, desde el pico del 149% alcanzado en 2002 -sobre todo con la fuerte quita del canje de 2005-, en términos nominales pasó de US$ 147.667 millones antes del estallido de la convertibilidad a US$ 178.963 millones a fines de 2011.

Por esta razón, hay otro contador, el que hacen los acreedores del Gobierno -desde jubilados y pequeños ahorristas argentinos hasta los fondos buitre norteamericanos-, que marca que desde la declaración del default, anunciada como un festejo el 23 de diciembre de 2001, pasaron diez años y 222 días.

 

La resolución de ambas cuestiones no parece estar en el tope de las prioridades de la política económica oficial, por lo menos hasta ahora. Sin embargo, economistas, ahorristas individuales e institucionales y abogados consultados por LA NACION consideran que el país debería avanzar en ambas cuestiones -primero con el Club, después con los bonistas- para pagar un costo menor por la refinanciación de la deuda del Gobierno y de sus empresas, aunque no haya nuevas emisiones.

No es la única cuestión por resolver: la normalización de las estadísticas públicas aparece como otro punto clave para reducir la tasa de riesgo, que se ubica entre las más altas del mundo emergente. Más allá de las cifras mencionadas, aparecen otros costos indirectos de estas asignaturas pendientes: la pérdida de relevancia en el ranking de inversión extranjera directa y la fuga de US$ 80.000 millones en cinco años. Eduardo Levy Yeyati, de la Brooking Institution, indicó que el costo de mantener la deuda con los bonistas es mucho más bajo que con el Club de París. "La sobretasa de la Argentina subió luego con la manipulación del índice de precios al consumidor, que fue visto por los inversores como un default encubierto y continuo", dijo.

Sin acceso al crédito

En el caso del Club, "el costo es la falta de acceso a créditos oficiales para proyectos de largo plazo [infraestructura], lo que tiene una incidencia indirecta en el desarrollo económico".

Boris Segura, de Nomura Securities, indicó desde Nueva York que "al fin y al cabo, la República hizo una oferta dos veces a los bonistas, pero la falta de arreglo con el Club de París impide que la República [y su sector privado] accedan a financiamiento bilateral, que usualmente es mucho más barato que el financiamiento de mercado y es especialmente útil para proyectos de infraestructura".

Por esta razón, agregó Gabriel Rubinstein, "el pago del Boden no es un hito de nada, sino solamente un pago que debe hacer el Gobierno". Pero Robert Shapiro, copresidente del Grupo de Tareas Estadounidense para la Argentina (ATFA, según sus siglas en inglés), el "costo del default es enorme; en algunos casos, es fácil de cuantificar, como en la salida de capitales". El lobbista, cuyo grupo ya logró que la administración Obama vote en contra de créditos a la Argentina en organismos multilaterales, dijo desde Washington que "la decisión de no cumplir con más de 100 órdenes judiciales en Estados Unidos aumenta innecesariamente el costo de su deuda, unos 500 puntos por encima de sus países vecinos".

En pocos meses, una corte de apelaciones de Nueva York resolverá si ratifica o no una sentencia favorable a los fondos buitre, que complicaría extremadamente el pago de la deuda a los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010. La persistencia de los fondos Dart y Elliot, que lograron numerosos embargos pero muy poco dinero, tuvo efecto la semana última en una audiencia en la que los tres camaristas le pidieron a la Argentina que no discrimine a sus acreedores.

"El costo para el país es la falta de credibilidad", señaló Pablo Giancaterino, abogado de los holdouts minoristas argentinos, quien manifestó su desacuerdo con la idea del embajador Jorge Argüello de que quienes no ingresaron en los canjes hicieron un mal negocio. "La normativa de emergencia no repudia la deuda en default y garantiza al que no aceptó un piso como mínimo igual al que recibieron los demás", explicó..