Por Francisco Jueguen - La violación de los derechos humanos por parte del Gobierno debido a las sospechas de falseamiento de las estadísticas públicas y la persecución de ex técnicos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), economistas de consultoras privadas y periodistas que escriben sobre la inflación fue ayer materia de debate, pero no en la Argentina sino en Estados Unidos.

Si algo preocupó al Gobierno fue el escenario. "La represión de estadística y estadísticos por parte del gobierno argentino: desarrollos recientes, el contexto de Derechos Humanos, y las respuestas internacionales", fue el ilustrativo nombre elegido para el panel organizado en la Joint Statistical Meetings que impulsó en San Diego la American Statistical Association (ASA).

La sola evocación de ese encendido título, sumado a la presentación que realizó ayer el estadístico mexicano Edmundo Berumen, preocupó al Gobierno, que envió una carta, a través de la embajada argentina en Estados Unidos, con un descargo elaborado por el Indec.

El informe que presentó Berumen fue, en rigor, una actualización de un documento que había elaborado hace dos años juntamente con el ex director del Indec Víctor Beker y que está basado en datos de otro documento confeccionado por el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES) del organismo en 2010 y que el Gobierno nunca difundió a pesar de sus promesas.

El trabajo del CAES concluía que el índice de inflación oficial "no es fiable", y proponía una reforma institucional "urgente y profunda". Además, cuestionaba el proceso de recolección, procesamiento y utilización de los datos con los que se elabora el índice de precios al consumidor (IPC), que es manipulado por el Gobierno desde 2007.

El informe de Berumen y Beker sumó además la persecución a las consultoras privadas (Bein & Asociados, Finsoport, Economía & Regiones, Gabriel Rubistein & Asociados, FIEL y Graciela Bevacqua) con multas de hasta $ 500.000 por difundir sus propios índices.

William Seltzer, estadístico de la Universidad de Fordham y presidente del Comité sobre Libertad Científica y Derechos Humanos de ASA, fue el encargado de rememorar las respuestas internacionales a las "amenazas que sufre la sociedad civil" argentina. En su exposición citó la manipulación "con fines políticos" del IPC y "la persecución de un número de estadísticos y profesionales"por distribuir datos libres de manipulación. Luego señaló: "El gobierno argentino identificó después a un tercer grupo como blanco en su represión de los derechos humanos: los medios de comunicación". El año pasado el juez en lo penal económico Alejandro Catania pidió a siete diarios un listado de los periodistas, con sus números telefónicos y direcciones, que hayan escrito sobre la inflación en los últimos seis años. Por último, Seltzer incluyó a "los usuarios" como otras de las "víctimas".

Por su parte, el descargo del Indec estimó que hay sectores que "se desentienden de la promoción del desarrollo y el bienestar del pueblo argentino". Admitió que hay una "campaña de descrédito" hacia el Gobierno por "la supuesta violación de derechos humanos". Y, al defender ese punto, el organismo incluyó en un anexo a los actores (pueblos originarios, afrodescendientes y personas con discapcidades, por ejemplo) "que habían sido excluidos de los instrumentos de recolección de información"..