Se sabe: el deterioro del tipo de cambio real producto del elevado incremento de precios que sufre la economía argentina, la devaluación del real brasileño, y la restricción externa que comprime las exportaciones y, por ende obliga a un control más ajustado de las importaciones, todo eso implica un escaso saldo de balanza comercial que redunda en un seguimiento mucho más estricto de los dólares que entran en el país. Perderse en estas deducciones y normativas, rastrear cuál será la próxima puerta de acceso que se cerrará, implica necesariamente aceptar que esto afecta a una parte de los argentinos.
Por eso también es necesario resaltar que existe un porcentaje menor de la población con posibilidades de dolarizarse: a pesar de que en los últimos años se multiplicaron los planes sociales, sólo en las ciudades viven 10,8 millones de pobres y 2,1 millones de ellos son indigentes. Así lo revelan los resultados de la última medición del Barómetro de la Deuda Social Argentina de la UCA. Para el Indec, en cambio, hay alrededor de 1,6 millones de personas pobres. Más allá de las importantes diferencias, frente a este escenario, podría resultar poco feliz preguntarse por el acceso al dólar, las medidas cambiarias y el oportunismo o no de fijar un control como mínimo polémico. Finalmente, según números del BCRA, de un estudio realizado entre los meses de julio y setiembre de 2011 sabemos que el 11% de la población mayor de 18 años compraba dólares, el equivalente a tres millones de personas.
Hecha las salvedades, y poniendo un pie en el terreno de las desigualdades, es tiempo de pensar si la negativa del Gobierno para devaluar la moneda al ritmo de la inflación obedece a que este mecanismo actúa como una transferencia de riqueza de los sectores de ingresos fijos (asalariados) a los sectores exportadores, otro costado poco explorado es que el desdoblamiento cambiario ha vuelto a beneficiar, precisamente, a los sectores ya dolarizados, aumentando en un 35% (la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo) su poder adquisitivo medido en pesos. A ello habrá que agregar los u$s 180.000 millones que mantienen los argentinos en el exterior y que, en ningún caso, contribuyen al crecimiento del país (no están en el sistema financiero local) sino que, con la tenencia de esos dólares, se financia la crisis de EE.UU. Así, incluso el control de cambios resulta en un desincentivo a traer los ahorros, no sólo por las restricciones que ya imperan en el mercado cambiario, sino también porque venderlos al tipo de cambio oficial implicaría perder ese 35% de diferencia.