Por ELIZABETH PEGER - Hugo Moyano mostró ayer en toda su plenitud el marcado perfil opositor que desplegará su CGT en los próximos meses. Así amenazó con el inicio de juicios al Estado por los millonarios fondos adeudados a las obras sociales, exigió elevar a $ 3.500 el salario mínimo vital y móvil, nada menos que un aumento del 50%, y denunció que, según sus relevamientos, el verdadero costo de la canasta básica de alimentos supera en un 52% las cifras que difunde el Indec. En paralelo, anunció el respaldo de la central a las medidas de fuerza que preparan bancarios, canillitas y petroleros; anticipó que hará una presentación en la OIT contra el Gobierno por la intervención en el proceso electoral interno de la CGT, y confirmó que impulsará una iniciativa popular para asegurar el tratamiento de un proyecto de ley de universalización de las asignaciones familiares.

La multiplicidad de acciones dispuestas por Moyano en medio de su enfrentamiento con la presidenta Cristina Fernández fueron oficializadas ayer tras la reunión que la CGT que conduce el camionero mantuvo en la sede de Azopardo. Si bien el jefe sindical había anunciado con bombos y platillos la difusión de sus propios índices de inflación, pobreza y desempleo, la central solo informó los datos preliminares de un primer relevamiento de precios de los 50 productos de la canasta básica de alimentos (CBA) realizado en supermercados y almacenes por un grupo de 10 militantes de la Mesa Sindical de Mujeres. Ese relevamiento arrojó un costo un 52% mayor al medido para los mismos productos por el Indec ($ 1.740 contra $ 1.100, según deslizaron). Sin embargo, a diferencia del CBA del organismo estadístico oficial, que se pondera en base a una familia tipo, el cálculo de la CGT moyanista se efectuó a partir de sumar en forma individual los costos por dos adultos y dos menores.

“Es una primera muestra, a partir de ahora nos sentaremos a trabajar con los técnicos y especialistas para preparar los índices”, dijeron desde el grupo de mujeres moyanistas para explicar ciertas desprolijidades del informe.

Por otra parte, el dirigente Omar Plaini, quien ofició de vocero del encuentro, anunció que el próximo 14 de agosto se reunirán los responsables de las obras sociales de los sindicatos aliados al camionero para definir el posible inicio de juicios contra el Estado por los atrasos en el pago de reintegros por tratamientos de alta complejidad y la falta de reparto de los recursos acumulados en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR). La amenaza moyanista se produjo en momentos en que los gremios opositores a su conducción negocian con el Gobierno la distribución de parte de los fondos adeudados a las obras sociales.