Por Martín Kanenguiser - El Gobierno dio un paso clave para conseguir información de inversores argentinos en Uruguay al promulgar ayer la ley que habilita el acuerdo de intercambio tributario bilateral, que, de todos modos, aún debe ser sancionado por el país vecino.

En el boletín oficial se publicó la ley 26.758, que también implementa un mecanismo que evitará la doble carga de los gravámenes para los particulares.

Se trataba de uno de los acuerdos más codiciados por el fisco argentino, tanto por las inversiones inmobiliarias como por las bancarias en el país vecino, que, hasta ahora, gozan de un preciado secreto.

El acuerdo, que se firmó en la ciudad uruguaya de Colonia el pasado 23 de abril y fue convertido en ley el 8 de este mes, busca detectar "el origen y la naturaleza de las inversiones, las acciones, plazos fijos, propiedades, entre otros activos que desarrollan tanto argentinos como uruguayos en cada territorio", según el sitio de información contable Arizmendi.

El acuerdo, firmado por el jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y el ministro de Economía uruguayo, Fernando Lorenzo, tiene un formato similar a aquellos que suscribió la Argentina con islas Caimán, Andorra, Bahamas, Mónaco y San Marino.

No se trata de un acuerdo que le permita a la AFIP preguntar por todos los inversores, sino por casos específicos que tenga debidamente identificados como posibles autores de maniobras ilícitas.

Mientras en la Argentina el trámite parlamentario fue rápido, en Uruguay hay una mayor resistencia política por las rispideces bilaterales y por la ventaja que le otorga contar con el secreto tributario.

Tres temas resultan complejos para el presidente José Mujica para conseguir el aval de la oposición: las trabas para las exportaciones a la Argentina, el conflicto por la obra del dragado del canal Martín García -en el que hay denuncias cruzadas de corrupción- y el gasoducto por el que se le iba exportar gas a Uruguay.

Sin embargo, la presión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), que tenía a Uruguay en una lista "gris", llevará al gobierno de Mujica a sancionar el proyecto en algún momento.

De hecho, hoy Lorenzo se presentará ante la Comisión de Asuntos Internacionales del senado para defender la iniciativa; luego del debate en la cámara alta, pasará a diputados. Mientras tanto, según dos expertos tributarios consultados por LA NACION -que optaron por hablar en forma anónima- los inversores argentinos con bienes en Uruguay no declarados ante la AFIP comenzaron a consultar a sus contadores para ver qué pasos siguen. "Muchos apuestan a que si el acuerdo sale no queden alcanzados porque tienen deudas de más de cinco años que ya prescribieron", indicó un contador.

Este grupo no ha movido sus fichas, mientras que otros inversores "comenzaron a mover sus activos a sociedades uruguayas con participación de sociedades panameñas para eludir los nuevos controles a las acciones al portador que rigen en Uruguay, también por la presión de la OCDE", explicó.

Más allá de este convenio, desde principios de año hay un parate en las inversiones argentinas en el sector inmobiliario uruguayo por el cepo cambiario, que dificulta la salida de capitales..