A partir de octubre de 2008, el Estado cuenta con el 8,7% de la valuación bursátil, según la tenencia al 30 de septiembre pasado (unos $ 16.968 millones) en acciones de 41 empresas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que administra la ANSeS.

Después de la nacionalización de la principal petrolera del país que ayer anunció inversiones por u$s 37.200 millones entre 2013 y 2017, el Estado avanzó a más de un quinto de la valuación de mercado de las empresas al 31 de julio pasado, unos $ 30.162 millones.

El 51,01% del capital social de YPF en manos del Estado está compuesto de las acciones expropiadas a Repsol que quedaron distribuidas 51% para la Nación (26,01% del paquete accionario) y el 49% restante entre las provincias integrantes de la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos y la tenencia del 0,01% de ANSeS (lo que totaliza 26,02% sobre el total de acciones para la Nación).

Si a esos valores se suma la comisión que creará el Gobierno para aplicar nuevas reglas al sector eléctrico, el Estado participa en los hechos del 25% de la capitalización bursátil de las empresas locales que cotizan en bolsa. Esto es así porque el Gobierno aplicará el mecanismo de costo plus (determinará los costos de la empresa y una ganancia razonable) sobre cotizantes como Edenor, Endesa Costanera, TGN, Edelap, Metrogas, Camuzzi Gas Pampeana, Transener, Gas Ban y Central Puerto y, por ende, en Pampa Energía que tiene inversiones en el sector.

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La primera reacción de los mercados a la reformulación del sector eléctrico fue positiva. Hoy, con los precios congelados, costos ascendentes y alto endeudamiento, el sector eléctrico se volvió inviable.
Es que, en teoría, la incursión del Estado en el mercado bursátil no debería generar grandes inconvenientes. Un ejemplo en el mundo no está muy lejos: Petrobras cotiza en bolsa, tiene mayoría del Gobierno de Brasil en su paquete accionario, y es la quinta mayor empresa de energía del mundo.

Además, las empresas listadas en la bolsa están obligadas a presentar trimestralmente sus estados contables y publicar toda información relevante para los inversores, lo que transparenta la gestión de los negocios.

Es lo que diferencia a cualquiera de estas compañías de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, que tiene como último balance aprobado el de 2008. El Estado está en la bolsa en todo el mundo. Mientras el Estado juegue limpio con las reglas de juego, sigue rigiendo el capitalismo, explicó Ramiro Castiñeira, economista de la consultora Econométrica.

Lo que asusta a los inversores es la influencia que lograron los directores que representan al Estado en los directorios respecto de años atrás. Particularmente, el decreto 1278/12, que aprueba el reglamento de los directores por las participaciones accionarias del Estado, cuyos derechos políticos ejerce la Secretaría de Política Económica, a cargo de Axel Kicillof.

Para los inversores, esta norma hace primar el interés del Estado sobre el societario la realización del interés societario se lleva a cabo resguardando el interés público y se pierde la confidencialidad -obliga a solicitar informes mensuales de gestión e informar cualquier hecho que pueda afectar el interés estatal-.

En los hechos, el malhumor inversor con el mercado local se muestra en el volumen negociado de acciones y las cotizaciones.

El volumen cayó de $ 20.664 millones en 2008 a $ 6.785 millones en 2012. En tanto, la acción de YPF cayó más del 33% desde el último máximo de abril -dos semanas antes de la estatización-y 51,09% en lo que va del año. El resto de las acciones acompañaron la pérdida de valor de la petrolera, en Wall Street los ADR de acciones argentinas cayeron 33,35% en estos ocho meses.
Para Castiñeira, el valor de las acciones refleja el flujo futuro de fondos de la empresa y si bajan es por el deterioro macroeconómico, no porque las empresas tengan participación estatal: Si hay oportunidades de negocio, el sector privado va a invertir, no importa de quién sea la empresa.