Por Francisco Jueguen - Guillermo Moreno perdió un nuevo round contra la realidad. En una decisión que puede convertirse en un faro legal para causas similares y que busca consolidar la libertad de expresión y profesional en el país, la Justicia desestimó una denuncia penal impulsada por el secretario de Comercio Interior contra una consultora privada que elaboraba un índice alternativo de inflación.

Es el primer revés que sufre la embestida del funcionario contra las consultoras por la medición de los precios. La medida fue firmada por el juez en lo penal económico número 6 Marcelo Aguinsky -sobre un dictamen de la fiscal del mismo fuero María Gabriela Ruiz Morales- y benefició al centro de estudios Buenos Aires City y a sus directores, la ex directora del área de Precios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Graciela Bevacqua, y el economista de la UBA Nicolás Salvatore. El fallo determinó que la publicación del cálculo de inflación de la consultora no era delito penal.

"La actividad informativa que aquellos habían desplegado no constituía un riesgo jurídicamente desaprobado", afirmó en su dictamen la fiscal, interpretación que avaló el juez con su determinación final. "El acto que se pretende imputar en estos actuados, resulta ser estereotipado e inocuo, atento la profesión de economistas que detentan los denunciados, y resulta parte del ejercicio de la profesión liberal de los mismos", continuó.

La denuncia, presentada por Moreno hace alrededor de un año contra Bevacqua y Salvatore , se basaba en que los dos técnicos publicaban índices de información "falsos" con la finalidad de provocar la suba de los precios en el mercado interno e impulsar la distorsión de títulos públicos para beneficiarse ellos y otros agentes de sistema financiero.

El funcionario se había basado en el artículo 300 del Código Penal, que contempla el delito de "agiotaje" y que prevé penas efectivas de entre seis y dos años de prisión.

En el documento, que tiene fecha del viernes pasado, el juez indicó que "los hechos denunciados no podían ser considerados como constitutivos de delito alguno y que, como tales, eran insuficientes para provocar la intervención penal del Estado". LA NACION intentó consultar al juez de la causa, pero no obtuvo respuesta. Las partes, en tanto, aún no habían sido notificadas.

La fiscal consideró que las actividades de esos economistas eran "desarrolladas dentro de lo que socialmente se considera un riesgo permitido" y, en un párrafo anterior, sugirió que "una eliminación de todos los riesgos supondría la renuncia a actividades tales como los medios masivos de transporte, como el avión, los trenes, los automóviles [...] o los modernos medios de comunicación, que permiten la difusión en forma masiva de contenidos informativos".

A pesar de esta decisión de la Justicia todavía quedan abiertas las causas que se dirimen en los tribunales contencioso administrativo y por las que las consultoras privadas enfrentan la posibilidad de pagar multas de hasta $ 500.000 por difundir sus propios índices.

"Es una muy buena noticia", afirmó Bevacqua. "Los argumentos eran ridículos. Sólo buscaban afectar la estimación de inflación que hacemos", agregó. "La denuncia era disparatada y sólo buscaba atemorizar, algo que el Gobierno logró", completó, en tanto, Marta Nercellas, abogada de Bevacqua.

"Este gobierno persigue sistemáticamente a opositores en diferentes ámbitos", dijo a este medio Salvatore. "Éste no era un caso por la especulación con los precios en los mercados, sino un atentado contra la liberta de expresión", denunció.

"Es la primera vez en toda mi vida profesional que veo algo así. Los economistas hablamos de la inflación, el PBI y el tipo de cambio, y nunca un gobierno nos había hecho un juicio por opinar", afirmó..