Por JULIÁN GUARINO - Tras el estallido del escándalo ocurrido a fines de 2011 entre distintas mutuales y cooperativas que otorgaban créditos con elevadas tasas de interés a jubilados y pensionados –lo que provocó posteriormente una regulación más estricta del Gobierno–, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que depende del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Alicia Kirchner (y es la autoridad de aplicación del régimen legal cooperativo y mutual), ha colocado la lupa sobre las prácticas de este sector bajo la atenta mirada de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Por esta razón se decidió ajustar aún más los requisitos para su funcionamiento. Tres nuevas resoluciones del organismo publicadas en el boletín oficial establecen la obligatoriedad de presentación de una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos por donaciones recibidas o por aportes de terceros y una declaración jurada, por parte de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización de las entidades. Las resoluciones 5586, 5587 y 5588 establecen que los registros de asociados de cooperativas y mutuales deberán contener la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) o la Clave de Identificación (CDI) de sus asociados y dichos datos serán remitidos al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en forma electrónica.
“La información indicada... debe ser presentada trimestralmente dentro del plazo que comprende cada ejercicio social y en los 10 (diez) días corridos posteriores a la finalización del trimestre”, señala la resolución.
También se establece la obligatoriedad de presentación de una declaración jurada sobre la condición de persona expuesta políticamente, por parte de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización de dichas entidades.
“El INAES está bajando a tierra la normativa que ha implementado la UIF y lo que se conoció hoy (por ayer) revela que se va a regular al sector en forma pronunciada y con un grado de detalle importante”, señaló José María Salinas, presidente de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. En junio de este año unos 40 funcionarios del INAES visitaron más de 100 instituciones mutuales y cooperativas que operan en la Ciudad de Buenos Aires para requerirles información acerca de las compras y ventas de dólares del sector.
El propio director del INAES, Patricio Griffin, había manifestado en aquella oportunidad que lo que se buscaba era “regular el correcto funcionamiento de estas entidades, fortalecer las políticas de detección y eliminación del fraude financiero, fiscal y laboral”. También se les puso un tope en la tasa de interés que podían cobrar.