El dólar avanzó ayer otro centavo hasta $ 4,75. Con ello, la depreciación del peso ya acumula 10% en lo que va del año. Resulta verosímil, si se empareja con otro dato: en los últimos meses, la velocidad de devaluación –anualizada– es del 14%. Sin embargo nada ‘empata’ siquiera a la (fuerte sensación de) inflación.

Sin hacer apología de un mecanismo que implica la disminución del poder adquisitivo –lo que provoca un galimatías en las decisiones de consumo– y tomando distancia de aquellos sectores que históricamente se han visto beneficiados por una transferencia de riqueza provocada por la devaluación, si existe alguna enseñanza histórica es que ninguna medida de política económica es “gratis” que cualquier decisión suele tener efectos positivos y negativos.

Por un lado, existen algunas razones objetivas que podrían hacer pensar en una devaluación como ‘necesaria’: el deterioro del tipo de cambio real producto del elevado incremento de precios que sufre la economía argentina, la devaluación del real brasileño, y la restricción externa que comprime las exportaciones y, por ende obliga a un control más ajustado de las importaciones, todo eso implica un escaso saldo de balanza comercial. Pero para el Gobierno, la crisis cambiaria tiene dos orígenes difíciles de confesar: la inflación y el déficit energético.

No obstante, el dato a tener en cuenta es que dentro del propio Gobierno conviven (y se amontonan) numerosas argumentaciones que justifican el lento avance de a moneda, mientras se suman controles al mercado cambiario para sacar partido de la “exclusividad” que ostenta el Banco Central como comprador de dólares a bajo precio.

Por ejemplo, existe un sector que vindica la argumentación que dejó, a comienzos de los años setenta, el economista Marcelo Diamand, quien basó su teoría en el tipo de cambio y caracterizó a la economía local como una “estructura productiva desequilibrada”. Diamand sostenía que en la Argentina, la industria necesitó siempre un dólar más alto que el campo, mucho más competitivo internacionalmente. Según Diamand, esa divergencia lleva sistemáticamente a la crisis de la balanza de pagos, porque el sector industrial no crece en forma sostenida indefinidamente, y esto hace que no logre conseguir las divisas que necesita el sector.

Cuando la inflación se vuelve un problema y no hay una política que tenga en cuenta las distintas productividades de cada sector, cualquier gobierno decide generalmente anclar el tipo de cambio y perjudicar a la industria, decía el célebre economista.

Una visión bastante más generalizada que ostenta consenso dentro del Gobierno señala que el debate del tipo de cambio no debe darse solamente teniendo presente a los sectores productivos: una devaluación excesiva podría golpear nuevamente los salarios, como ocurrió con el fuerte ajuste cambiario de 2002. En rigor Cristina Kirchner justificó, en la reciente celebración del Día de la Industria, su persistencia por mantener el dólar en los niveles actuales. Ante un auditorio de empresarios se mostró enojada con quienes promovían una devaluación.

Incluso el viceministro Kicillof expuso la última semana en el Congreso –en una tónica que rozó el sincericidio– que en esta etapa, a diferencia de la primera (cuando el crecimiento de la economía estaba motorizado por un dólar alto que protegía al mercado interno), un elemento central es un tipo de cambio bajo, que le permita a los industriales comprar maquinaria e insumos a un precio más conveniente.

Por otro lado, la esencia de este pensamiento es que una devaluación del peso actúa como una transferencia de riqueza de los sectores de ingresos fijos (asalariados) a los sectores exportadores. “Así que quienes hacen lobby a favor de la devaluación están buscando precisamente eso: aumentar sus ganancias a expensas de quienes no tienen ingresos en divisas”, señala un joven economista heterodoxo que participa activamente en la militancia oficialista.

Yo compro lo que usted vende

Un sector menos reflexivo también rechaza el argumento devaluatorio porque señalan que detrás de la presión al dólar, “se busca testear la capacidad de gobernabilidad”. No hay más que buscar algún paper del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, para corroborar el credo de que una devaluación ‘favorece a los sectores que dolarizan sus excedentes‘. Su argumentación es ampliamente compartida por buena parte de quienes ocupan roles esenciales dentro de la gestión pública. Por otro lado, señalan que “hoy una devaluación no es lo mismo que en 2003”. La idea central es que si la Argentina devaluara en términos reales, es decir, más allá de lo que marca la inflación, la economía internacional podría no beneficiarse directamente con un aumento de las exportaciones porque la recesión de los países centrales busca precisamente reemplazar sus importaciones con producción local.

Por otro lado, en un contexto inflacionario las presiones salariales de los trabajadores que exigen mayores remuneraciones fogoneados por una depreciación de la moneda reactiva en forma mucho más contundente la carrera entre los salarios y los precios.

A ellos se agregan los ‘desarrollistas‘, que no ven en el tipo de cambio más que una herramienta más para manejar los destinos económicos. ‘En el mediano plazo la competitividad de la economía debe sostenerse en variables reales como por ejemplo invertir en infraestructura para bajar los costos de transporte de la producción o aumentar la provisión de energía para subir la capacidad de producción industrial. También en educación, para tener mano de obra calificada‘, señalan en el entorno de Marcó del Pont. Si bien en un contexto con tanta inflación cuesta creerlo, en la entidad rectora sostienen que en el largo plazo, lo que más le conviene a la Argentina es tener una moneda creíble.

Finalmente, habrá que reconocer que existen cuestiones menos ideológicas, más pragmáticas que también tienen peso: una de ellas, es que hoy el principal importador es el Gobierno, a través de sus compras de energía. Si se devaluara, el Gobierno encarecería sus necesidades de dólares y aumentaría el déficit justo cuando Kicillof dijo que el 2013 habrá menos gasto.