La reforma de la Ley de Oferta Pública es un viejo anhelo de la CNV –el proyecto que será enviado al Congreso está ‘armado’ sobre un viejo proyecto del gobernador Jorge Capitanich– cuya principal misión era terminar con la autorregulación del mercado. Además de este “pilar”, el Gobierno buscará incorporar la flamante posibilidad del intercambio pleno de información entre los distintos organismos reguladores del Estado, como son la Unidad de Información Financiera (UIF), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central (BCRA) y la propia CNV, que de esta forma podrá contar con datos sobre tenencia de títulos valores de particulares y empresas.

Según habían señalado en Economía, este intercambio podría operar sin trabas “siempre y cuando se tuviera una fuerte sospecha por operaciones susceptibles de ser consideradas de lavado de dinero”. Sin embargo, en materia fiscal y a instancias de la AFIP, la CNV podría, en principio, cruzar sus bases de datos de oficio, algo que hasta hoy está amparado por el “secreto bursátil”. “Esto permitirá coordinar la supervisión del sistema financiero en su conjunto y prevenir delitos e incumplimientos en cuestiones de insider trading, manipulación de mercado, cambiaria, impositiva y otras cuestiones vinculadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, señaló el titular de la CNV, Alejandro Vanoli. Argumentaron esta avanzada en la necesidad de “mejorar la capacidad de supervisión e investigación financiera”.

Por otro lado, con el cambio, y de prosperar en el Congreso Nacional, la CNV pasará a tener poder de policía en materia sancionatoria, algo que era ampliamente buscado por las actuales autoridades, entre ellas su presidente Alejandro Vanoli (ver pág. 2). Desde la CNV señalaron que “se introduce como novedad, la facultad de la CNV de requerir que los Mercados en los que se negocien y registren valores negociables e implementen mecanismos, para la interconexión de sus sistemas informáticos de negociación”.

Con respecto a las calificadoras de riesgo, “el proyecto refuerza el rol de la CNV en materia de autorización de entidades de calificación, seguimiento activo y poder sancionatorio de esta actividad”. Sostuvieron que ‘se regula el ingreso de nuevos participantes, como es el caso de las universidades nacionales y otros actores institucionales, con profesionalidad y capacidad de actuar con criterios más objetivos y transparentes en la materia. Con ello, la reforma a la ley 17.811 implicará una fuerte reducción de la dependencia de las calificadoras de riesgo‘ explicó el Ministro de Economía.