Un documento elaborado por el Foro Global de Transparencia Fiscal de la OCDE, celebrado este último 26 y 27 de octubre en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, refuerza con energía las “recomendaciones” que se le formularon a Uruguay en octubre del año pasado, cuando “no pasó la prueba” al ser evaluado por sus pares. Desde entonces, Uruguay modificó el régimen de sociedades –entre otras cosas creó un registro de acciones al portador– y acordó el intercambio de información fiscal con Argentina y Brasil, siguiendo los consejos del Foro, aunque esos acuerdos aún no han sido convertidos en ley por el congreso charrúa.

El informe dice que “Uruguay debería asegurar que toda la información bancaria relevante pueda ser accesible para el intercambio de información, independientemente del período al que la información se refiera, para asegurar de que pueden dar efecto total a sus acuerdos de intercambio” de datos. Incluso menciona que la retroactividad desde comienzos de 2011 está “limitada”.

“Uruguay debe expandir rápidamente su red de Acuerdos de Intercambio de Información (EOI, por sus siglas en inglés) y asegurarse de darle prioridad para concluir los acuerdos firmados con sus principales socios, Argentina y Brasil”, señala el informe. “Ya en el reporte de 2011 se encontró que EOI de Uruguay no eran los adecuados, en lo referido a sus socios comerciales. En particular, le fue notificado que sus dos socios princilaes (Brasil y Argentina) habían pedido entrar en tratativas con Uruguay a comienzos de 2011 sin éxito, lo que indicaba la falta de compromiso de Uruguay”, remarcó la OCDE.

En rigor, la OCDE le insistió al país oriental, que libere también el secreto en forma retroactiva, ya que la legislación uruguaya no le permite. En este sentido, se le exige que de hacerlo, no se notifique previamente al titular de la cuenta.

Por otro lado, si bien a comienzos de agosto de este año, la Cámara de Diputados y del Senado argentina convirtió en ley el acuerdo firmado con Uruguay para el intercambio de información tributaria y evitar la doble imposición, (que permitirá a la AFIP pedir a los jueces del país vecino que levante el secreto bancario y facilite información sobre las propiedades), ese acuerdo no tuvo el mismo tratamiento en el Congreso uruguayo y hoy, según sostienen fuentes del gobierno uruguayo “no está en estudio”.

“Es evidente que si el acuerdo no está en estudio en el Congreso uruguayo, entonces no comenzará a regir en 2013, lo que sin duda alarga los tiempos”, señaló Andrés Edelstein, socio de Impuestos de Pricewaterhouse Coopers. Del lado uruguayo aseguran que prima la lógica del costo-beneficio. “Si uno piensa en nuestra economía, entonces incluso con el cepo cambiario argentino en el medio, no es conveniente expulsar los ahorros de los argentinos sancionando en el congreso el acuerdo”, señalaron.