Los funcionarios argentinos siguen cuestionando el accionar de los fondos buitres, como si las palabras pudiesen detener las acciones legales. Más allá de la preocupación que transmitieron ayer ante los representantes del G-20, fue infructuoso el esfuerzo para conseguir una declaración de condena. El mundo sabe que existe una continuidad jurídica a la que hay que atenerse.
El pleito depende de los abogados más que de los funcionarios. La Argentina puede vivir con sus propias reglas, pero el costo de hacerlo se está haciendo cada vez más alto, tanto para el Estado como para el sector privado.