El encuentro se llevará adelante a las 11.15 hora de Nueva York (las 9.15 de la Argentina) y será crucial, porque Griesa escuchará a las partes y comenzará a delinear la forma de implementación de un plan de pagos para que el país empiece a abonar a los holdouts, entre ellos los denominados fondos buitres. La reunión –que era inminente, como anticipó El Cronista en su edición del 30 de octubre– llega luego que la Cámara de Apelaciones de Nueva York fallara a favor de la teoría del “Pari Passu” que impulsó Griesa, por lo cual el país debe dar un trato igualitario a todos los acreedores. Esto implica que la Argentina debería pagar no sólo a los bonistas que entraron al canje (y cobran regularmente sus acreencias) si no también a los que no lo hicieron.

El 26 de octubre la Cámara de Apelaciones, tras avalar el fallo de Griesa le solicitó al juez que aclare cómo deberá efectivizarse la decisión y cómo se aplicará a terceros involucrados. Hoy deberá comenzar a definirse cómo será el prorrateo del pago a los holdouts, y por otro lado, si el fallo tiene alcance a los intermediarios, los agentes de pago como el Bank of New York.

El Gobierno, en tanto, hasta ahora apostaba a dilatar los tiempos. En particular porque tiene que abonar vencimientos de bonos el primero de diciembre y, el más importante, el 15 de diciembre (cupón PBI).

Por lo que si Griesa demoraba el caso, se podría llegar a esas fechas sin una definición. Pero la premura en la convocatoria del juez neoyorquino parece atentar contra la estrategia del Gobierno. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y su segundo el secretario de Financiamiento, Adrián Cosentino, deberán ahora decidir si activan la apelación de la medida de la Cámara, una carta que se guardan bajo la manga, pero cuya efectividad es dudosa.

Uno de los fondos buitres que está detrás de esta demanda en la justicia estadounidense es NML-Elliot, el mismo que logró embargar la fragata Libertad en Ghana. La demanda fue realizada además por otros fondos buitres como Dart, Aurelius, Paster, Blue Angel y una docena de ciudadanos argentinos.

Actualmente subsisten alrededor de u$s 6.000 millones en bonos en manos de acreedores que no aceptaron las ofertas de la Argentina. De este monto en torno a u$s 3.000 millones están en manos de los fondos buitres, quienes reclaman en esta demanda u$s 1.333 millones.