El juez federal del Distrito Sur de Manhattan Thomas Griesa anunció hoy que prevé decretar para el próximo 1 de diciembre cuánto debe pagar Argentina a los tenedores de bonos que no aceptaron las reestructuraciones de deuda del país en 2005 y 2010, entre ellos el fondo de inversión NML Capital.     

En una audiencia celebrada hoy, Griesa afirmó que tiene previsto tomar una decisión al respecto antes del 2 de diciembre, día en que Argentina afronta una serie de tres pagos por más de 3.000 millones de dólares a los tenedores de bonos que sí aceptaron esas reestructuraciones.     

Y es que, según una orden emitida el pasado 26 de octubre por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, Argentina no puede realizar ningún pago a los acreedores que aceptaron la reestructuración mientras siga negándose a pagar a quienes rechazaron el acuerdo.     

El magistrado anunció que, hasta que no se pronuncie sobre el monto a pagar, seguirá suspendido el fallo que él mismo emitió en febrero de este año, cuando decidió que Argentina debía pagar también a los tenedores de bonos que se negaron a participar en los canjes y no solamente a aquellos que sí accedieron al trueque.     

A juicio de Griesa, este grupo de fondos de inversión a los que Argentina no ha pagado “tiene derecho a una parte del dinero de los pagos que se realizarán en diciembre” y está claro que “se les debe algún dinero, la pregunta ahora es cuánto”.

Según los demandantes, el monto que les debe Argentina es de u$s 1.330 millones.     

Respuesta a Cristina

Por otro lado, el juez se hizo eco de unas declaraciones de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, afirmando que no pagaría “ni un dólar” a los fondos que no accedieron a las reestructuraciones de 2005 y 2010, a los que calificó de ‘fondos buitre‘.
     
“Si se comprueba que la República de Argentina tiene intención de evadir este fallo, nuestros tribunales no están indefensos”, advirtió Griesa, quien añadió que “se pueden dar pasos para sancionar cualquier ilegalidad” por parte del país.

En este sentido, el juez exigió al Gobierno argentino que remita al Tribunal una declaración jurada en la que se comprometa a cumplir con lo determinado por el tribunal del Distrito Sur de Nueva York y ratificado después por la corte de apelaciones.

En diciembre de 2001, el Gobierno argentino decretó una cesación de pagos temporal en el pago de intereses de u$s 80.000 millones de su deuda pública externa, y, desde entonces, la moratoria se ha prorrogado de año en año, afectando a los titulares que no cambiaron sus bonos cuando se les ofreció.     

En caso de haber accedido, habrían tenido que renunciar a algunos de los derechos que se les otorgaron cuando suscribieron los bonos.

Entre los poseedores de estos títulos se encuentra NML Capital, con sede en las Islas Caimán e involucrado en la retención por las autoridades judiciales de Ghana de la fragata ‘Libertad‘ de la Armada argentina, como medida de presión para reclamar el pago de estos bonos soberanos.