Según los analistas consultados por El Cronista, comenzaría el período de 30 días antes de que un grupo de bonistas pueda pedir la aceleración del pago del bono, pero en el que los tenedores de credit defaut swaps (CDS) puede reclamar el pago del seguro que contrató contra este evento. También podrían caer las calificaciones de la deuda soberana si se alteran los plazos y el monto de las cancelaciones. Ello podría llevar a varios fondos comunes de inversión (FCI) a vender masivamente títulos argentinos porque no cumplen con su reglamento de inversión.

La consecuencia práctica es la suba de la tasa de interés o la falta de disponibilidad de determinadas líneas de crédito para financiar importaciones o fondear los proyectos de inversión que requiere el país, lo que dificultaría aún más los planes de YPF y afectaría negativamente el crecimiento económico.

En principio, el default no es automático. Según explicó Daniel Marx, ex secretario de Finanzas y director de Quantum Finanzas, el prospecto de los bonos emitidos por Argentina otorga 30 días para que el país “cure” la falta de pago. Luego, un grupo no menor al 25% de los bonistas que no recibieron el pago podrá gestionar la aceleración de la caducidad de los plazos de los títulos.

“Es difícil que el 25% de los bonistas pida la aceleración frente a un deudor que ha mostrado voluntad y capacidad de pago”, opinó Marcelo Etchevarne, abogado de Cabanellas, Etchebarne, Kelly & Dell’Oro Maini. “Normalmente, el default se pide porque una parte no le quiere pagar a la otra, pero este no es el caso. No hay lógica en pedir la aceleración, que se utiliza en otros casos para presionar un pago”, agregó.
En esos 30 días, sin embargo, Argentina podría ganar tiempo si lograra que la justicia estadounidense suspendiera la aplicación de la medida cautelar y la gestione la Corte Suprema por otros seis meses. También podría depositar los fondos que se tomen como garantía.

Respecto de los CDS, el default técnico generaría pagos por alrededor de u$s 2.000 millones, pero que no se dispararían en forma automática. Antes tendría que expedirse el directorio de la International Swaps and Derivatives Association, la organización que agrupa a los participantes de este mercado.

En la economía real, si el acceso al financiamiento ya era limitado para Argentina, si el 15 de diciembre el país incurre en default técnico, se cerrarían aún más las fuentes de financiamiento. “Todas las líneas comerciales se encarecerían y algunas no estarían disponibles”, dijo Marx.

En tanto, Miguel Kiguel, director de Econviews, coincidió: “Se perderían de 5 y 7.000 millones de dólares que entran por año de comercio exterior. Afectaría la inversión y el crecimiento. Cuanto menos crédito, más complicado es crecer”.

Porque aumentaría el riesgo de la deuda soberana argentina haciendo más difícil a las provincias y a las empresas realizar nuevas emisiones. Si bien el riesgo país, que ayer alcanzó los 1.147 incluye el riesgo de default técnico, las tasas podrían encarecerse aún más.

La empresa argentina emblemática que quizá verá comprometidos sus planes es YPF, que además de financiamiento requiere tecnología y recursos humanos especializados. “Cada vez es un poco más difícil. Una posibilidad es tener que reducir el plan de inversiones”, dijo Kiguel. “Toda la demanda va al mercado local, que es muy chico. YPF, provincias, empresas, consumo: no hay para todos. Por eso los países como los nuestros recurren al finaciamiento externo”. Que se verá más limitado.

Respecto de las deciciones que tomarán las calificadoras de riesgo, Gabriel Torres, analista de crédito de Moody’s, explicó que se bajaría la calificación si la deuda no se paga a término, en la cantidad y moneda pactada. Quizá antes del 15 de diciembre la calificadora se pronuncie, en función de las acciones del gobierno y la respuesta de la corte de apelaciones.

El cambio en la reputación también dispararía las ventas de los títulos en las carteras de los FCI en países emergentes. “Hay muchos FCI que por estatuto no pueden tener deuda con emisores que estén en situación de default. Tienen 90 días para desprenderse de los bonos, y eso va a impactar en el mercado global”, describió Etchevarne, que es consultado diariamente por unos 20 fondos.

Por lo pronto, la primera reacción de Argentina será evitar el default técnico presentando el lunes próximo un pedido de revisión del pago a los buitres.