Una nueva sentencia contraria al país que definitivamente obligue al Gobierno a pagarle en efectivo el 100% de la deuda a los fondos buitres no sólo encarecería el crédito que algunas pocas empresas logran del exterior, sino las prefinanciaciones de exportaciones, las facilidades de pago a importadores y, fundamentalmente, atentaría contra el plan de inversiones necesario para evitar el colapso del sistema energético.
También afectaría a las provincias que estén en condiciones de salir a los mercados externos a colocar deuda para invertir y habrá mucha competencia por fondos locales, lo que limitará el crédito doméstico al sector privado.

“Con la situación argentina actual de autarquía financiera, un eventual default técnico no tendría impacto en la econonía real en el corto plazo. Sí lo tendrá en el mediano plazo, cuando no habrá dinero para invertir y crecer, como ocurriría en el sector energético”, manifestó el economista de Orlando Ferreres & Asociados, Fausto Spotorno.

Desde el sector importador, el presidente de la Cámara de Importadores de la Argentina (CIRA), Diego Pérez Santistéban, señaló que “el principal problema que puede haber si la Argentina no cumple con el pago es que algún importador que tenga que comprar bienes de capital tenga problemas con el financiamiento”. Ello se traduciría en menores plazos de pago y mayores tasas de interés. Más del 40% de las importaciones son máquinas que se pagan, como mínimo, a 120 días. En esos casos, tienen créditos comerciales o bancarios del país de origen de la mercadería, que financian al exportador.

“Hay que tener en cuenta que un numero importante de empresas grandes en la Argentina venían tomando deuda en los mercados internacionales, y esto me parece que va a cerrarles la posibilidad de que se puedan financiar en moneda extranjera en los próximos tiempos”, consideró el economista Ricardo Delgado, quien agregó que esa situación “va a generar mayor demanda de financiamiento de esas empresas en el mercado local, complicando la posibilidad de financiarse de las empresas medianas y pequeñas”.

Por su parte, el economista jefe de la consultora Management & Fit, Matías Carugati, coincidió con Spotorno en que “podrían agravarse los problemas energéticos”, ya que el fallo de Griesa “fue un golpe muy duro para el plan de inversiones previstos por YPF de u$s 37.200 millones en cinco años”. Según aseguró, “un fallo como el de Griesa y la posibilidad de un default es serio para el país, no porque el Gobierno no vaya a poder financiarse en el exterior, ya que no lo hace actualmente y tampoco lo haría si la tasa de interés a pagar no fuera tan alta, sino por otras consecuencias. Entre ellas, mencionó que los títulos públicos en circulación se derrumbarían, disparando la tasa de interés soberana, lo que afectaría principalmente el financiamiento a las provincias. Por otra parte, las empresas que todavía consiguen líneas de crédito en el exterior también sufrirían subas en la tasa de interés para financiarse.