Pese a que nadie lo confirmó oficialmente, la Presidenta convocó de urgencia a varios funcionarios a la quinta. Pero hubo fuerte hermetismo acerca de esas reuniones.

Según pudo saber LA NACION, la jefa del Estado no podía entender que Griesa hubiera desconocido el modelo de desendeudamiento argentino ni las presentaciones ante el juez de la Reserva Federal, del Bank of New York y de las instituciones de bonistas: el pago al contado de la Argentina a los holdouts podría perjudicar a los acreedores que cobran regularmente sus deudas, porque el fallo los podría privar de esas cobranzas. Una parte del malhumor obedeció a que Griesa condenó a pagar a los fondos buitre el 15 de diciembre, al contado y el 100% de sus reclamos, sin quita alguna: 1300 millones de dólares.

Otra parte del problema fue la fecha. Ese día el Gobierno deberá cancelar vencimientos del cupón PBI por 3500 millones con bonistas que aceptaron el canje de 2005 y 2010. Pero, además, caerá justo en medio de la batalla judicial de fondo contra el Grupo Clarín, que empezaría a dirimirse el 7 de diciembre.

La Presidenta pretende por esos días levantar un trofeo: licitar las licencias de ese multimedio que estén excedidas de la ley de medios. El 7-D quedó mezclado con un nuevo hito: el 15-D. Dos peleas consideradas históricas casi en la misma semana.

Una derrota en una de ellas opacaría un logro en la otra. Peor aún sería una derrota en ambas en sólo una semana. La Presidenta procura retomar la iniciativa política luego del paro masivo de la CGT y la CTA disidentes, el último 20-N, y del masivo cacerolazo del 8-N.

Por estas horas, además, gana fuerza un cacerolazo para el 6 de diciembre, el 6-D, pero ahora contra el avance sobre Clarín y sobre la libertad de prensa.

En Gobierno confirmaron ayer a LA NACION la convocatoria a un gran festival musical en la Plaza de Mayo para la tarde del 9 de diciembre para exhibir respaldo popular por el 7-D. Pero el éxito de la jugada dependerá de la Corte Suprema. Ésta deberá definir la extensión de la cautelar que ayer pidió Clarín para que no se le aplique la ley de medios hasta que la Justicia defina si la ley es constitucional o no.

"El fallo de Griesa era previsible en contra de la Argentina. Pero no que fuera ayer ni que obligara a pagar el 100% a los fondos buitre y al contado el mismo 15 de diciembre", comentó una alta fuente oficial.

No admitían sorpresa en la Casa Rosada. Sostienen allí que la Cámara de Apelaciones suspendería el pago luego de que la Argentina pida su revisión el lunes, tal como anunció Lorenzino. El objetivo del Gobierno es que ese tribunal devuelva el efecto suspensivo que Griesa eliminó de su último fallo y que había aplicado otras veces para suspender esos pagos mientras se dirimía la cuestión de fondo en instancias superiores.

Esa cautelar debería resolverse en 48 horas a más tardar, dicen en Balcarce 50. Existen antecedentes de que la Cámara tendría en cuenta las presentaciones de la Reserva Federal, agregan. En el sector privado hay más cautela: esa misma Cámara avaló el fallo de Griesa y le pidió que definiera la forma de pago hace sólo 20 días.

Si se suspende el pago a los fondos buitre, el 15 de diciembre no habría riesgo de embargos a las transferencias a los otros bonistas. De lo contrario, por ahora en Olivos no existe un plan B.

Sólo existe un discurso político: atribuirle un eventual default técnico a una conspiración internacional de sectores económicos concentrados extranjeros y argentinos, entre ellos los medios de prensa..