La semana pasada el juez de distrito Thomas Griesa ordenó que Argentina deposite ese dinero antes del 15 de diciembre para pagar a acreedores con bonos incumplidos en el 2002 que rechazaron participar en dos reestructuraciones, en el 2005 y en el 2010, y que reclaman que el país honre el valor nominal de sus títulos.

El Gobierno argentino, que informó en la noche del lunes sobre el pedido hecho a la corte, dijo que la decisión de Griesa era injusta y que de cumplirse obstaculizaría cualquier posterior reestructuración de deuda en el mundo.

"La presentación hace eje en las deficiencias de la orden de Griesa y, en particular, en el hecho de que este carecía de las competencias necesarias para disponer la suspensión de la medida de no innovar que regía el procedimiento y, por ende, en este punto el fallo es nulo", dijo en una nota el Ministerio de Economía argentino.

En su decisión, Griesa levantó una medida cautelar de no innovar que favorecía a Argentina hasta que una sentencia judicial definitiva sea dictada.

"La solicitud a la Cámara (corte de apelaciones), en consecuencia, es el mantenimiento de la medida cautelar de no innovar (stay) hasta tanto el proceso de apelaciones se pueda completar", agregó la nota. (Reporte Guido Nejamkis. Editado por Carlos Aliaga)