El Credit Default Swap (CDS) a cinco años pasó de 2.475 puntos básicos el 23 de noviembre a 3.396 unidades al cierre de ayer. La suba, del 37,16%, es un récord histórico. Incluso, el alza de 920 puntos en un sólo día supera el costo total de asegurar los títulos de Venezuela (755 unidades). El pánico se instaló entre los operadores.

Esto vino acompañado de un golpe para los bonos argentinos en Nueva York (con Buenos Aires cerrada por feriado). Curiosamente ahora el castigo pasó por los títulos de más largo plazo, como el Discount en dólares. Este bono perdió ayer 13,89% hasta los u$s 54. Sucede que el fallo de Griesa despejó el pago del Global 17 (el 2 de diciembre) pero puso en dudas los vencimientos del 15 de ese mes hacia adelante.

Precisamente tanto el Discount como el Par pagan intereses el 31 de diciembre. El temor se trasladó a estos vencimientos, además de que el Global está con un castigo excesivo. De todas formas, ese bono volvió a ceder ayer otro 4,76% hasta los u$s 70. El rendimiento de este Global llega 19% en dólares, precios de un default. El riesgo país medido por el JPMorgan creció 11,86% hasta los 1.283 puntos.

“La decisión de levantar la suspensión de la ejecución, a pesar de la apelación, obliga a la Argentina a elegir entre las difíciles opciones de pagar a los holdouts o enfrentarse a un default técnico, con sólo unas pocas semanas para evaluar sus alternativas”, dice Siobhan Morden, Managing Director de Jefferies & Co.. “Las próximas semanas de incertidumbre con respecto a la administración de CFK y cómo responderá a los tenedores de bonos reestructurados sugiere más riesgo a por consecuencia mayores bajas de los activos argentinos. Es prematuro esperar un rebote a corto plazo”, acota. Las alternativas para el Gobierno son cada vez más escasas. Creen en el mercado que sería poco probable que la Corte de Apelaciones atienda el pedido oficial y mucho menos la Corte Suprema. “Puede ser un problema de proceso, pero Argentina tendrá que esforzarse por justificar por qué se niega a pagar los u$s 1.300 millones”, señaló el analista de Eurasia Group Daniel Kerner, según reproduce la agencia Reuters. “Argentina tiene los recursos para hacer frente al pago, así que al final será una decisión política y no parece haber un apoyo político para el pago de los inversores excluidos”, agregó.