La cuenta refleja el deterioro que en este tiempo se empezó a notar en la capacidad de respaldo del organismo luego de que, en febrero de 2010, el Gobierno decidiera empezar a pagar sus deudas con reservas. Es, justamente, uno de los límites que fijaba la antigua ley de Convertibilidad, de la que logró liberarse el Banco Central en marzo pasado, tras lograr que fuera reformada su Carta Orgánica. Desde entonces, el directorio del organismo que preside Mercedes Marcó del Pont traza periódicamente su propio nivel de reservas necesario para respaldar el dinero que circula en poder del público y en los bancos, mediante un cálculo que por ahora resulta totalmente misterioso para el sistema. A partir de éstas, entonces, estima el total de divisas que considera de libre disponibilidad y que pueden transferir al Ejecutivo para que pague sus deuda. Siempre, por suerte, esas reservas alcanzan perfectamente para saldar todos los compromisos oficiales.
Más allá de lo que diga el Central, lo que está claro es que hoy no hay ningún tipo de límite para financiar al Gobierno con reservas. Ni siquiera a través de los adelantos transitorios, sobre los cuales se fijaron límites formales que se van ampliando a medida que el Central aumenta la base monetaria, como efectivamente está haciendo, comentó a este diario el economista José Luis Espert.
De quedar firme, el fallo dejará expuesto al Gobierno a la posibilidad de que el resto de los bonistas que no entraron al canje presenten sus propias demandas contra el país, por una deuda total que asciende a los u$s 6.500 millones sólo en capital. Y que, de concretarse, debilitarían aún más al Banco Central. Desde el Gobierno calculan que, si a esta cifra se le suman los intereses, que calculan en un 4,8% anual, asciende actualmente a los u$s 11.000 millones. Sin embargo, en la consultora de José Luis Espert calculan que el fallo de Griesa terminó por convalidar estos mismos intereses en un rango de entre el 10% y el 15% anual (es lo que explica que el capital original, de u$s 550 millones en manos de los bonistas, haya sido estimado por la Justicia en los u$s 1.300 millones. Esto llevaría el monto total de la deuda a un rango de entre u$s 15.000 y u$s 20.000 millones.
El respaldo del BCRA sobre el dinero emitido surge de dividir sus reservas por los pasivos monetarios del organismo. Lo malo es haber dejado caer este ratio de respaldo justamente en 2010 y en 2011, que fueron años de buenos flujos de divisas. Las reservas están para ser usadas en años malos porque, si no, cuando vienen estos imponderables, te faltan, comentó a este diario el economista Hernán Lacunza. El Central pasó de ser, por definición, un prestamista de última instancia, a ser en la práctica un prestamista de primera instancia, agregó.