En el año 2005 el equipo económico que por entonces dirigía Roberto Lavagna y bajo la presidencia de Néstor Kirchner logró reestructurar –luego de batallar durante cuatro años con los bonistas– el 76% de los u$s 100.000 millones que la Argentina había declarado en default en 2002. Se aplicó una quita de aproximadamente el 65% de la deuda original. La operación fue récord por aquel entonces por dos motivos: el volumen reestructurado y el recorte al que se sometió a los acreedores.
A partir de allí, se consolidaron gran cantidad de bonos que había emitido el país –y estaban en cesación de pagos– en tres títulos nuevos: el par, cuasipar y el discount. Además del Cupón atado al PBI que por entonces era criticado y denostado por la mayoría del mercado, y luego se convirtió en la estrella más demandada en el firmamento de los operadores financieros.
El 24% de la deuda que quedó sin reestructurar y los sucesivos intentos de embargos por parte de los acreedores, obligaron al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (ahora con Amado Boudou como ministro de Economía) a reabrir el canje en 2010, derogando temporalmente la denominada “Ley Cerrojo”, por la cual –con el aval del Congreso– se impedía a la Argentina realizar otra oferta a los bonistas.
El denominado “canje II” nació con la emisión de nuevas series de títulos denominados Global 2017 y Bonar, entre otros. Y se lanzó otra serie del Cupón PBI. La operación por u$s 18.300 millones se reabrió por 30 días. Así, el Gobierno logró elevar la adhesión global al canje del 76% al 92%.
El entonces secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino (hoy ministro de Economía), decía que era la “última posibilidad” para los bonistas. Tal vez no sea así.