Por Martín Kanenguiser - El Gobierno volvió sobre sus pasos . Ayer informó que está dispuesto a reabrir el canje de la deuda acordado en 2010 para tratar de evitar un default en pocas semanas, ante la decisión de la justicia de Nueva York de ordenarle el pago a los holdouts.

"Una propuesta que traslade a los bonistas que no entraron al canje las condiciones del canje de 2010 iría en línea con los antecedentes de nuestro país y sería pasible de ser debatida en el Congreso", dijo ayer el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.

A tres semanas de haber negado en forma categórica la posibilidad de realizar un nuevo canje (luego de los de 2005 y 2010), el Gobierno apuesta a esta salida de emergencia tras el fallo de primera y segunda instancia que lo obliga a pagar US$ 1450 millones a los fondos buitre y a un grupo de inversores minoristas argentinos. Sin embargo, al mismo tiempo que daba esta señal de flexibilidad, la presidenta Cristina Kirchner dijo que existe un "colonialismo judicial" ejercido por la justicia de Estados Unidos, por presión de los fondos buitre, que afecta a la Argentina.

Como parte de la estrategia para evitar que en diciembre, cuando debe pagarles a los bonistas que aceptaron los canjes, se produzca un default, el Gobierno incluyó esta opción de reabrir el canje en el pedido de revisión presentado anteanoche a la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Pero analistas financieros, representantes de bonistas y abogados dijeron a LA NACION que en esta instancia de la causa la idea no tiene demasiadas chances de ser aceptada por la justicia norteamericana.

Para complicar más el panorama financiero, la calificadora de riesgo Fitch le bajó la nota a la deuda argentina hasta el escalón de "bonos basura", ante el probable riesgo de caer en el default en enero.

En el escrito presentado anteanoche en Nueva York, el Gobierno sostuvo que "si la Corte hubiera adoptado una fórmula de pago proporcional que tratara a los demandantes y a aquellos ubicados en el canje de 2010 en términos similares, habría un remedio consistente con la política y la ley de la Argentina". De inmediato, aclaró que "el Poder Ejecutivo puede plantear esta propuesta al Congreso, pero no una que trate a algunos acreedores mejor que a otros y no puede crear una cuenta testigo", tal como le exigió el juez Thomas Griesa la semana pasada, para que se deposite una garantía (en bonos o en efectivo) antes del 15 del mes próximo, a la espera de una resolución definitiva del expediente.

El ministro de Economía no respondió a las consultas de LA NACION sobre por qué cambió de opinión y qué resultado espera lograr con esta idea, a tan pocas semanas de la fecha límite para evitar otra cesación de pagos, que podría registrarse a fines de enero, un mes después del pago previsto para el cupón del PBI, si no se logra suspender previamente la ejecución de la sentencia de Griesa.

El Día de los Inocentes

El representante de los bonistas minoristas argentinos Horacio Vázquez se refirió en términos irónicos a la nueva propuesta del Gobierno: "Falta un mes para el 28 de diciembre (el Día de los Inocentes). Esta es una falta de respeto por los particulares, un acto de soberbia y de maldad de los políticos, que no tienen voluntad de que la Argentina salga del profundo agujero donde la metieron".

Uno de los abogados que representan a estos acreedores minoristas locales, Pablo Giancaterino, opinó que "si la Argentina abre el canje, la adhesión va a ser nula o mínima, más en las condiciones que llevan al país a su anuncio". Además, sostuvo que la reapertura generaría "más demandas de las que hay", sin lograr su objetivo de sumar a los demandantes que están muy cerca de acceder al 100% de lo que reclaman en los tribunales.

El abogado Eugenio Bruno, del estudio Garrido & Asociados, indicó que el planteo "ayuda a la postura del Gobierno, ya que muestra voluntad de pago, pero el punto a analizar es si eso será suficiente para reinstalar el estado de no innovar antes del 15 de diciembre".

Sin embargo, el ex secretario de Finanzas Daniel Marx sostuvo que "no es tan tarde para plantear la reapertura del canje, pero hay que ser muy claro en la forma y el tiempo de realizarlo y, además, tener particular cuidado con las declaraciones públicas". Al respecto, el analista jefe del banco de inversión Bulltick, Alberto Bernal, opinó desde Miami que "sería un claro mensaje de buena voluntad de la República a la Cámara de Apelaciones", mientras que su par de Nomura Securities, Boris Segura, afirmó desde Nueva York que "esto aumentaría la posibilidad de mantener el suspenso del fallo, lo cual evitaría el default técnico para este pago, pero no es una solución sostenible en el largo plazo".

Pero el analista del banco Credit Suisse Daniel Chodos expresó que "si la Corte de Apelaciones rechaza la orden de Griesa y le pide que reabra el canje como forma de pago a los holdouts, con el canje el tema se solucionaría; pero sin una orden judicial, es poco probable que los fondos como NML-Elliot acepten voluntariamente entrar, porque han estado litigando por varios años y nunca estuvieron tan cerca de ganar".

Según especialistas en deuda pública, si el Gobierno se decidiera a reabrir el canje tal como lo planteó Lorenzino, debería hacer un pago de US$ 42 millones en efectivo.

DIXIT

• "Un canje como el de 2010 iría en línea con los antecedentes del país. Lo debería debatir el Congreso"
  Hernán Lorenzino - Ministro de Economía