Por Silvia Pisani  - WASHINGTON.- Si bien no de modo formal, la ausencia de una estrategia oficial para afrontar la situación de los acreedores que no entraron en el canje de deuda viene impactando en forma creciente entre quienes en el Fondo Monetario Internacional (FMI) siguen el caso de la Argentina y la posibilidad latente de que el país sea sancionado por el organismo. Con más aire en la batalla con los holdouts , el gobierno argentino estaría intentando también que el FMI postergue al menos hasta enero su evaluación sobre las estadísticas del país.

"La cuestión de los bonistas pesa cada vez más a la hora de escuchar los reclamos que se le hacen a la Argentina" por los reiterados incumplimientos en que incurrió sobre el compromiso para mejorar la calidad de sus estadísticas, sobre todo, la de inflación, dijeron ayer a LA NACION dos fuentes familiarizadas con la situación.

La orden de emergencia que ayer concedió tres meses más de tiempo en la embestida judicial de los holdouts sorprendió a representantes argentinos de peso en esta ciudad en viaje urgente a Buenos Aires. Entre ellos, el embajador Jorge Argüello y el flamante representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos.

La suspensión de la batalla judicial descomprime, en los hechos, el clima con que se espera la inminente evaluación del caso argentino en el FMI, previsto para el próximo 17. Pero, adicionalmente, lo que busca ahora la Argentina es demorarlo un poco más, al menos hasta avanzado enero.

El paraguas llega como antesala de la crucial reunión en la que el directorio del organismo debe evaluar la posibilidad de una sanción al país por sus incumplimientos en materia estadística.

Se trata de la posibilidad de una "tarjeta roja" con la que amenazó la titular del organismo, Christine Lagarde, en septiembre pasado. En términos del FMI, lo que se baraja es una eventual "moción de censura", tal como se conoce al primer escalón para el largo recorrido que, de agotarse, podría llevar a una suspensión del país dentro del organismo.

La evaluación ya tiene fecha fijada para el próximo 17, tal como confirmó formalmente el organismo. Pero la intención de los argentinos es, en primera instancia, lograr una prórroga que, posiblemente, traslade la fecha hasta más allá de la primera semana de enero.

"Es algo más de tiempo", fue la argumentación para una evaluación que, hasta ahora, no viene con buenos pronósticos. Hay quienes incluso consideran que será difícil evitar el mal trago. "La Argentina vive prometiendo que entregará documentos, pero, al final, las cosas no llegan", dijo a LA NACION una fuente familiarizada con el caso.

Buena parte de los que tienen que considerar esa posibilidad son los mismos países que esperan, desde hace años, el pago de acreencias como parte del Club de París o que tienen reclamos por deudas de bonistas, como Italia, Alemania y los Estados Unidos.

La paradoja es que la Argentina está considerada como uno de los países reacios a otorgar informes sobre su situación de deuda, una iniciativa sobre la que viene llamando la atención el Consejo de Gobernadores del organismo (el IMFC, por sus siglas en inglés), particularmente desde el estallido del caso griego.

En lo formal, el FMI no se ha expresado en esta última etapa sobre la situación de los bonistas argentinos, lo que marca un contraste con lo ocurrido en años anteriores en los que le exigía una posición al respecto.

"Durante la gestión del español Rodrigo de Rato o en los comienzos de la etapa de Dominique Strauss- Kahn eso era parte de lo que se exigía a la Argentina. Ahora, la situación es distinta", se indicó ayer.

"Lo que se pedía en aquel entonces era que se enfrentara la situación de quienes rechazaron el primer canje de deuda de una manera razonable", se recordó. La idea sigue siendo la misma, pero se la expresa de modo informal..