Por Jorge Oviedo - Entre estatizar Metrogas y dejarla en manos de un grupo privado sin aparente experiencia suficiente en el sector, el Gobierno optó por lo primero. Se evita así, además, un inmediato conflicto, porque el Grupo Vila-Manzano, que había ofertado por las acciones de British Gas en la distribuidora, es un importante operador de medios de comunicación audiovisual y la ley de medios hace incompatibles la dos actividades.

De todas formas, hay un proceso de concentración que en la denostada década del 90 estaba prohibido. Los productores de gas o de energía eléctrica no podía tener ni transportadoras ni distribuidoras.

El mercado eléctrico ha sufrido una importante concentración en manos privadas y ahora YPF se queda con la distribuidora de gas más importante del país. Ni siquiera en tiempos de las empresas en manos estatales fue así, porque YPF y Gas del Estado eran dos compañías distintas con una cosa en común: el fuerte déficit.

Antecedentes

La compra por parte de YPF tiene un costado positivo y es que no se trató, al menos formalmente, de una confiscación. Pero desde hace años la principal distribuidora estaba fuertemente afectada por la ruinosa política de tarifas y, muchas veces, había sido gobernada a gritos y golpes de teléfono por Guillermo Moreno. Tal vez los ingleses creyeron que era cuestión de tolerarlo todo hasta que el Gobierno cambiara. Pero los cambios no llegaron, incluso cuando la crisis energética llegó a niveles graves. Todas las divisas que se logran por el superávit comercial hay que destinarlas a importar energía y combustibles. Lo que significa que para poder seguir teniendo energía y evitar que haya más apagones hay que limitar desde las importaciones de autos y sus repuestos, prohibir la compra de dólares para atesorar y limitar el gasto en efectivo en el exterior, pasando por las restricciones a las compras de medicamentos en el exterior.

El comunicado de YPF celebra la adquisición como si se tratara de la conquista de una joya, cuando, en realidad, se trata de una compañía que lleva más de una década en problemas. Algo parecido pasó cuando el Estado se quedó con YPF, creyendo que encontraría un arcón con las joyas de la abuela en su interior y se llevó un chasco importantísimo.

Para el Gobierno también implica sumar riesgos en una actividad donde su gestión ha sido mucho peor que mala. Ya tiene una petrolera que puede dedicarse además a la distribución de gas y es Enarsa, la que también iba a explorar la plataforma continental. Esa petrolera estatal ha hecho poco más que ser una simple intermediaria en la importación de combustibles.

El Gobierno parece temer mucho más a un apagón que al persistente y corrosivo proceso inflacionario. Ahora, cualquier problema en la provisión de gas en un área donde hay dos millones de clientes y más de siete millones de habitantes no tendrá ahora otro responsable que el Gobierno. Ya no habrá "privados que se la llevaron con pala en los 90 y ahora se niegan a invertir", como señala el relato oficial, para acusarlos de "bajar la palanca"..