Por Martín Kanenguiser - Los acreedores europeos de la Argentina le exigieron ayer a la justicia de Estados Unidos que no meta mano en los fondos que deben cobrar y denunciaron que se excedió ampliamente en su jurisdicción. En un duro escrito, solicitaron además ser parte de la causa en la que un grupo de "fondos buitre" y 13 minoristas argentinos le ganaron en segunda instancia al Gobierno la posibilidad de cobrar una deuda en default por un total de 1450 millones de dólares.

Como la justicia norteamericana había indicado que embargaría los fondos de los acreedores de la Argentina en Europa, entre otras regiones, si el Gobierno no cumplía con el pago a los holdouts, estos inversores advirtieron que quieren ser escuchados en el expediente.

Con tenencias por US$ 1200 millones (casi equivalentes al monto que reclaman los holdouts en esta causa), pueden jugar un rol importante si fuesen admitidos por la Cámara de Apelaciones, del mismo modo que fue tomado en cuenta el grupo norteamericano liderado por Gramercy.

Según un informe del jefe de analistas de mercados emergentes del banco JP Morgan, Vladimir Werning, sobre el total de US$ 28.000 millones en bonos reestructurados en deuda potencialmente afectados por el pari passu, US$ 15.500 millones están denominados en euros. En el caso de los cupones ligados al PBI, sobre una emisión de US$ 12.000 millones, hay US$ 5300 millones en esa denominación.

El escrito, presentado por el abogado Christopher Clark, de Latham & Watkins LLP, indica que "el 21 de noviembre el juez Thomas Griesa, después de dos veloces informes y sin notificar a los bonistas europeos, emitió dos nuevas órdenes, incluyendo un mandamiento judicial, prácticamente idéntica a la de febrero, que fue mucho más allá de la jurisdicción de la justicia de Estados Unidos". Esto se debe al intento de "hacer uso de una conducta extraterritorial e interrumpir los derechos y obligaciones de los bonistas europeos, cuyos bonos están gobernados por las leyes de Inglaterra y Gales, sin nexos con las de los Estados Unidos".

Los inversores indicaron que "los bonos en euros se pagan en euros en Europa y el proceso de pagos no viaja a través de Estados Unidos. Junto con otros grupos interesados, son tenedores de unos US$ 1200 millones. Por lo tanto, representan un largo y distintivo grupo afectado claramente por la orden del 21 de noviembre".

En ese sentido, reclamaron tener un tratamiento diferencial de "aquellos que serán tratados como terceros" en la causa, como los bonistas norteamericanos y los diferentes agentes de pago.

Werning indicó que la defensa de los europeos es diferente a la de los bonistas con títulos en dólares, "cuyos argumentos se alinean con el Gobierno con el fin de derrotar a los holdouts y alejar el peligro del pago prorrata". Los bonitas europeos con ley británica, en cambio, "no atacan los argumentos de los holdouts"..