Por Francisco Jueguen - Luego de haber manipulado los datos de inflación, crecimiento, pobreza e indigencia, entre otros, el Indec podrá castigar con multas de hasta $ 6785 a sus fuentes de consulta -comercios o empresas- que "falseen o produzcan con omisión maliciosa las informaciones necesarias para las estadísticas".

La normativa que prevé las sanciones es tan vieja como la ley que creó el mismo Indec en 1968, pero los montos estaban desactualizados desde febrero de 1998, lo que demuestra que la norma estaba en desuso.

Pero a través de la disposición 278 de fines de septiembre, la directora del Indec, Ana María Edwin, actualizó los montos y volvió a revitalizar las multas para todos aquellos que se nieguen a dar información estadística o para los censos al Indec, algo que se debatió en la opinión pública antes del operativo de octubre de 2010. Edwin depende del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

El Indec estaría facultado para castigar a aquellas empresas o comercios que, según sus criterios (por ejemplo, los acuerdos de precios oficiales), no estuvieran reflejando los "precios reales" o aquellos que el Gobierno quisiera mostrar.

La multa mínima será de $ 68,3, y la máxima, de 6785. También se actualizó el monto a partir del que los castigos serán "inapelables". En esta categoría quedará actualmente toda sanción menor a los 139,10 pesos.

"Que la Dirección de Estadísticas del Sector Terciario y Precios informó las variaciones registradas en el Índice de Precios Internos al por Mayor y realizó el cálculo de actualización correspondiente", afirman los considerandos de la norma.

Los castigos fueron previstos en el artículo 15 de la ley 17.622 que creó el Indec. Ese artículo tuvo su última versión el 14 de abril de 1978 en una modificación parcial firmada por Jorge Rafael Videla y José Martínez de Hoz. A partir de ese momento, los montos sufrieron modificaciones hasta 1998. "Cuando se trate de entidades civiles o comerciales, con personalidad jurídica o sin ella, serán personalmente responsables de las infracciones a la presente ley, los directores, administradores, gerentes o miembros de la razón social que hayan intervenido en los actos considerados punibles", afirma el artículo 16. En caso de reincidencia, se aplicará, dice la ley original, el artículo 239 del Código Penal (el delito de desobediencia), que establece que aquel que no cumpliera una orden será sancionado con penas de 15 días a un año de prisión.

Un año antes de la intervención del Indec (fines de enero de 2007), Moreno presionó durante meses a la entonces directora del área de precios, Graciela Bevacqua, para que le proveyera la lista de comercios que relevaba, con la intención de manipular el índice. La iniciativa violaba el secreto estadístico. Bevacqua y su equipo fueron desplazados.

Las multas aparecen mientras se presiona a consultoras privadas, que fueron denunciadas penalmente y castigadas a través de la ley de lealtad comercial..