Por José Luis Brea - El funcionario que suele decir que los economistas inflan el índice de precios al consumidor para generarles negocios a los bancos o a los tenedores de bonos argentinos es el mismo que, año tras año, tiene que reconocerles a las empresas de consumo masivo aumentos en sus productos que, si no en todos los casos llegan al nivel de la inflación estimada por las consultoras, en torno del 25% anual, sí superan la magra cifra que informa el Indec.

Los incrementos autorizados, que van del 12 al 25% según se trate de productos masivos, de franja media o premium, de acuerdo con la clasificación ideada por Guillermo Moreno, se parecen a un intento de administración de un fenómeno que en realidad se mueve con la independencia y la fuerza que le dan sus causas, sean éstas la expansión monetaria, el desequilibrio entre oferta y demanda o la puja distributiva, según quién haga el análisis. La situación se parece a la del viejo chiste del marido al que su mujer le pega y que, para disimular ante sus vecinos, grita "tomá" cada vez que recibe un golpe.

No es el único indicador de que hoy el relato ya no puede tapar la realidad. El Gobierno también se ve obligado a reconocerla a la hora de ajustar las jubilaciones y pensiones de acuerdo con la ley de movilidad o los sueldos de los empleados públicos y del servicio doméstico, variables de las que es responsable y controla en forma directa. O en los indicadores que el Indec "deja pasar", como el costo de la construcción, que entre octubre de 2011 e igual mes de 2012 acumuló un alza de 25,3 por ciento.

La mejora a los jubilados, entre los dos aumentos otorgados este año, llegó a 31%; el ajuste sobre los sueldos del personal doméstico fue de 25%, y los empleados públicos consiguieron del Gobierno un aumento salarial de 21%. El índice de precios al consumidor, en tanto, subió entre enero y octubre apenas 8,7%, según el Indec.

Ni que hablar del mundo que existe más allá de la fantasía oficial, donde el grueso de los servicios privados, desde la educación, la seguridad y la salud hasta el esparcimiento, se indexa como mínimo en torno de 20% en forma automática todos los años. Y fuera de la esfera privada y del Estado nacional, también en las provincias y en los municipios el reajuste de impuestos se ubica entre 20 y 25% anual en promedio (con picos muy superiores a ese nivel), como en los casos del inmobiliario, el automotor y las tasas municipales de alumbrado, barrido y limpieza.

Peor aún, el aumento de los precios que Moreno autoriza anualmente a menudo se queda a mitad de camino porque en las góndolas los ajustes terminan siendo mayores, no se sabe si con el acuerdo tácito o no del secretario de Comercio Interior. Lo confirma el habitual relevamiento que realiza la consultora especializada CCR, que mostró que los precios treparon en los primeros nueve meses del año 23,8 por ciento. El dato no es una estimación ni una deducción a partir de otras variables macro. Se desprende de los productos que efectivamente pasaron por los escáneres de las cajas de híper y supermercados, autoservicios, almacenes y tiendas de descuento. Es decir, la objetividad garantizada por la tecnología, a prueba de relatos.