Por IGNACIO OLIVERA DOLL - La decisión política está tomada: terminar de aplicar cada una de las nuevas atribuciones que recibió el Banco Central tras la reforma a la Carta Orgánica, aunque eso despierte el malestar de un sistema financiero completo. Mercedes Marcó del Pont ya cumplió este año con la mitad de ellas: la orientación del crédito, la regulación de las tasas de interés y la creación de un área de defensa para los usuarios de los servicios bancarios. Pero sólo esta semana dejó en claro que tiene previsto, al menos, avanzar sobre otras tres en los próximos meses: la extensión de las líneas compulsivas a pymes, tal como anticipó el martes la Presidenta; la regulación de la actividad del transporte de caudales, para evitar sobreprecios y casos de lavado de dinero en el sector; y el freno al giro de dividendos que hacen los bancos hacia sus matrices del exterior, todo el año próximo, en el esfuerzo por contener la salida de divisas.
La primera de ellas será aprobada hoy durante la reunión del directorio del organismo. Y exigirá a las entidades financieras volver a volcar, en la primera mitad del 2013, otros $ 17.000 millones a empresas medianas y pequeñas a baja tasa de interés y plazos de 36 meses. La medida fue anunciada el martes a la tarde por Cristina Fernández en Casa de Gobierno, pero comunicada a los grandes banqueros tan sólo horas antes.
La segunda de las regulaciones tendrá que ver con la actividad del transporte de caudales: el organismo está preocupado por algunos negocios de las empresas que se encargan de trasladar el efectivo entre las sucursales, y frente a eso puso a sus áreas técnicas a trabajar para fijar un techo sobre los precios que cobran a los bancos y cerrar, al mismo tiempo, resquicios de lavado de dinero. En este sector hay, actualmente, dos grandes jugadores: Brinks y Prosegur. “El transporte de caudales siempre fue un problema para los bancos porque encarece todo el movimiento. Por un lado, se intenta minimizar el dinero porque no sirve como integración de efectivo mínimo; pero por otro lado se lo debe asegurar en la entidad para evitar el faltante. Esto supone ir mandando o trayendo dinero de sucursales, y eleva muchísimos los costos”, comentó un ejecutivo.
La tercera regulación consistirá en prolongar un esquema similar al de este año: impedir el envío de dividendos que hacen los bancos a sus casas matrices. Lo precisó Mercedes Marcó del Pont en una reunión que mantuvo este martes al mediodía con los principales referentes del sistema financiero en la sede del organismo. En esa charla, repleta de lamentos de los ejecutivos, la funcionaria se mostró inflexible. Por un lado, no dio respuestas a las objeciones que recibió por las “pérdidas” en los márgenes de ganancias que sufriría el sector con la segunda tanda de créditos compulsivos; y en cambio les advirtió que, aún cuando cumplieran en 2013 con los nuevos requisitos de capital, el organismo les seguirá impidiendo (de facto) el envío de utilidades al exterior. “No lo sueñen hasta 2014”, les repitió.
Los banqueros dicen no haber pedido grandes cosas. Le solicitaron, por ejemplo, si podían computar los sobrecumplimientos que mostraron en la primera tanda de líneas pymes de este año como un “cumplimiento” de la segunda (que tendrán que aplicar en 2013). Le hicieron saber, también, que la tasa del 15% anual resultaba demasiado baja con relación a sus costos, dado que para los nuevos préstamos se debe salir a buscar depósitos a tasas superiores. “Ellos ven prácticamente todo bien, y creen que la tasa de interés va a bajar el año que viene. Tienen la idea de que la Argentina va a ser Disneylandia. O son muy cínicos o están desconectados”, se irritó un ejecutivo que se interiorizó de los temas del encuentro.
El último reclamo de los banqueros fue que la exigencia terminará por generar una mayor segmentación en el sector, en momentos en que algunos bancos del sistema pierden depósitos a la vista por el traspaso de las cuentas sueldo de los empleados públicos al Banco Nación y las colocaciones de deuda que hace la petrolera estatal (en el esfuerzo por solucionar sus problemas financieros ya absorbió más de $ 10.000 millones en cinco meses). “Hay entidades que hoy toman dinero mayorista al 15,75%, y otras que deben hacerlo al 17,75%. Hay una segmentación cada vez más grande en el mercado”, comentó un ejecutivo a El Cronista.
Otro punto que podría sufrir alguna modificación durante el año próximo, dentro de la órbita del Banco Central, es el rol que deberá desempeñar en el futuro la Superintendencia de Entidades Financieras. En las altas esferas del kirchnerismo preocupa la indiferencia que mostró ese organismo en cuestiones de regulación que consideran de su competencia.