Por: Carlos Burgueño - El Gobierno se enfrenta a un dilema: reconocer los aumentos de precios de diciembre autorizados por el propio Gobierno y oficializar el año de mayores subas desde 2004. Como además coincidirá con el ejercicio de menor crecimiento de la economía, se cruzarán dos variables complejas de explicar: alta inflación y bajo aumento del PBI. Todo esto aún dentro de los criterios de diseño gráfico con que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, maneja el INDEC. Igualmente la tendencia hacia arriba o abajo del indicador morenista acompaña las mediciones privadas.

Blanqueo

El Gobierno tiene que presentar esta semana la inflación oficial de 2012, blanqueando al menos parte de los aumentos de servicios que el mismo Ejecutivo avaló para fin del año pasado. Si efectivamente incluye estos incrementos de precios dentro del polémico Índice de Precios al Consumidor (IPC), deberá tomar en cuenta un alza de no menos del 1,5% aun dentro del diseño oficial que tiene la variable desde enero de 2006, cuando comenzó la intervención de Guillermo Moreno. Si esto ocurre, 2012 será el año con mayor inflación desde 2004, primer año completo de gestión kirchnerista. Sumando el 1,5% de la inflación oficial de diciembre (aun con los criterios oficiales), el alza del IPC en el año superaría el 11%. Esto implicaría un porcentaje mayor que el 10,9% de 2006 y 2011, dos años donde como contrapartida hubo incrementos de la economía importantes: el 8,5% en el primer año y el 9,2% en el segundo. Fueron dos ejercicios de «tasas chinas», que hicieron olvidar el aumento de los precios de dos dígitos en ambos años.

Sin embargo, la situación fue diferente en 2012. Si la inflación oficial manejada por telecomando por Moreno llegara al 11%, sería el ejercicio de mayor aumento del IPC en todos los años kirchneristas, coincidiendo con el de menor crecimiento de la economía. Según los analistas, para el INDEC, en 2012 el PBI no superaría un alza del 1,5%.

Ante el panorama, no son pocos los funcionarios que recomiendan, perdido por perdido, un nuevo «retoque» al indicador de diciembre, ubicando el aumento en un 1% de tope. Si esto se diera, el alza final sería del 10,7%, un porcentaje estratégicamente inferior al 10,9% de 2006 y 2007. Según un alto funcionario del Gobierno de Cristina de Kirchner, la decisión final sobre el nivel del indicador será tomada en los más altos niveles políticos. Si se diera este movimiento estratégico de cálculos, pasando mediciones sectoriales de diciembre a enero, el primer mes del año también debería arrojar un alza no menor que el 1%, ya que a estos aumentos se les deben sumar los sectoriales de las vacaciones de enero. Sería un número aún alto para los diseños morenistas.

El problema es qué hacer y cómo medir las autorizaciones cruzadas de servicios como transporte público de pasajeros, tarifas eléctricas, aguas, taxis, peajes, prepagas y fundamentalmente el incremento autorizado para los combustibles de YPF al que luego siguieron los de Shell y Esso. Se debe sumar además el ABL porteño que dispuso Mauricio Macri y el estacional incremento en los precios de los alimentos y bebidas propio e inevitable de las fiestas de fin de año. Si se tiene en cuenta que los servicios públicos representan el 40% del indicador, y que prácticamente todos se movieron en diciembre pasado, el arrastre estadístico sólo en estos sectores no debería ser menores que un 1% en el indicador morenista. El resto lo harían los alimentos y bebidas.

Otra cuestión que se analiza políticamente es el momento de hacer el anuncio del incremento de los precios de 2012. En principio sería el viernes próximo, por la tarde, cuando muchos ya estén pensando en las vacaciones que comienzan.

FMI

La publicación del índice del IPC de 2012 no será el único problema que tendrá el Gobierno en enero en cuanto a la inflación. Desde el Ministerio de Economía se aguarda para la última semana de ese mes la reunión del directorio del FMI, donde por primera vez de manera abierta se tratará el caso de la medición del alza de los precios en la Argentina. Esta resolución del directorio ejecutivo del organismo que maneja Christine Lagarde se esperaba para septiembre del año pasado, pero negociaciones directas del ministro Hernán Lorenzino hicieron que se postergue. En el encuentro de enero no se esperan sanciones contra el país, pero sí una definición dura en contra de la forma en que Moreno viene calculando los precios desde enero de 2006.