Por Hernán de Goñi - Cuando se discute el marco de política económica que perfila al aparato productivo de un país, el primer objetivo que domina la lista es el deseo de incrementar la producción doméstica para aumentar el nivel de empleo y consolidar el mercado interno. Esta meta no resiste objeciones, pero sí obliga a debatir cuál es el precio que está dispuesto a pagar una economía por nutrirse de bienes de origen mayormente local.
La Argentina hoy está embarcada en un proceso de sustitución de importaciones, pero con limitaciones cada vez más evidentes. Casi no hay inversión extranjera nueva, y las empresas ya radicadas solo asumen el esfuerzo de desarrollar un producto nuevo si lo pueden trasladar a sus clientes. Las que exportan saben que eso es cada vez más difícil porque el mundo sigue estancado y los crecientes costos en dólares no facilitan la competencia global. Las compañías que perciben que la inflación es un freno a sus planes, en lugar de introducir nueva tecnología solo mejoran algo la vieja.
En suma, la escasa inversión derivó en menos empleo y le restó efectividad al objetivo productivo inicial. Y cuando los productos que llegan lo hacen con mayor precio, lo que se consigue es que se realimente el proceso. Para salir de este círculo, primero hay que tener conciencia de sus efectos.