Editorial 1 - El 20 del actual deberá ser renovado parte del directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Se trata de un desafío institucional relevante, ya que cabe al Poder Ejecutivo y al Senado de la Nación decidir sobre la eventual continuidad de un estilo, de una dinámica de comportamiento independiente y de una política monetaria que ha contribuido en los dos últimos años a la recuperación de la economía nacional.

La continuidad de las políticas que trascienden a gobiernos y a partidos es uno de los factores que diferencian el desarrollo de las naciones.

Efectivamente, en diversos países sorprende muchas veces comprobar que los cambios en el poder no logran desviar decisiones sostenidas en el tiempo, que avanzan agregando diferentes valores a la sociedad según el perfil que corresponda al gobierno de turno, pero que no pierden de vista el objetivo final.

Son las llamadas políticas de Estado. Un conjunto de valores, más que de normas, que se sostienen contra todo evento, en la convicción de que ese Estado dejaría de ser tal en tanto se aleje de las premisas básicas que la sociedad eligió preservar.

No seremos originales si decimos que en la Argentina no es fácil identificar esas políticas que pretenderíamos defender y que han sido reclamadas desde esta columna en múltiples oportunidades. Pero sí podríamos intentar aplicar analógicamente ese criterio a la continuidad de algunos funcionarios que, desde el ejercicio serio, independiente y responsable de sus cometidos, han mantenido sus criterios y decisiones, interviniendo de manera determinante en el modelado de las políticas.

Es ése el caso del presidente del Banco Central de la República Argentina, Alfonso Prat-Gay, y de su vicepresidente, Pedro Lacoste, dos funcionarios que, en los albores de la crisis que nos tocó vivir, dejaron sus exitosas carreras privadas para aceptar la convocatoria del entonces presidente Eduardo Duhalde y ponerse al frente de un banco que se hallaba sumido en conflictos internos, con severos cuestionamientos a sus autoridades y, lo que es peor, con la ausencia de esas políticas de Estado que arriba defendimos como imperiosamente necesarias para el desarrollo.

Con Alfonso Prat-Gay y Pedro Lacoste no solamente arribaron a la gestión pública dos funcionarios honestos que, a la vez, han cultivado un bajo perfil mediático, privilegiando el trabajo a la exposición, sino también una manera de gobernar la política financiera y monetaria del país que se ha constituido, hoy por hoy, en uno de los sustentos del crecimiento económico que los números reflejan.

En momentos en que es importante el fortalecimiento de ciertos rumbos, es esencial llamar a la reflexión para que desde el Poder Ejecutivo y el Senado se les ratifique la confianza a aquellos funcionarios que han demostrado capacidad técnica y profesionalismo.

Pero no se trata esta vez de la sola designación de ese nivel de autoridades, sino también de la conformación de parte del directorio que acompañará esa gestión, por lo que no puede dejar de entenderse que cabe también al poder político la responsabilidad de estudiar atentamente esas nominaciones para que no se impida por vía del directorio que se puedan efectivamente concretar las medidas y políticas que se resuelvan desde la cúpula.

Es de esperar, entonces, que a la hora de resolver las designaciones en el BCRA prevalezcan los criterios técnicos antes que los intereses partidarios.