De esta forma, los ahorristas argentinos que colocan sus inversiones en Uruguay ya no estarán más bajo el amparo del secreto bancario, por lo que se profundizarán los controles para detectar casos de evasión fiscal. 

Además, significará el fin de la doble carga impositiva por igual concepto para aquellos privados que desarrollan actividades tanto en Uruguay como en la Argentina.

Para el caso argentino, entre los impuestos comprendidos que ya no podrán pagarse en el país vecino están comprendidos Ganancias, Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales.

Atentos a la incertidumbre que despertó este pacto, representantes de los principales partidos políticos  uruguayos se reunieron a fines de noviembre pasado con figuras del empresariado argentino para dar precisiones sobre el alcance del acuerdo. 

En el país, el tratado fue convertido en ley el 8 de agosto del año pasado mientras que en el territorio chArrúa los diputados sancionaron la norma al filo del 2012: el 19 de diciembre.

El acuerdo entra en vigencia a partir de hoy, y los primeros requerimientos que el fisco enviará a la DGI uruguaya están vinculados a grandes cerealeras, informa el diario Ámbito Financiero. El organismo intenta obtener información de operaciones con las que se evita pagar impuestos en la Argentina.

En Uruguay, el temor de inversores es que se comience a pedir datos de transacciones bancarias de argentinos con cuentas en bancos uruguayos (se calcula que hay más de u$s 2.500 millones) o de compraventa de propiedades en Punta del Este. 

No obstante, añadió el matutino, para evitar el retiro de inversores argentinos en el país vecino, el Gobierno aclaró que los pedidos de datos no son retroactivos y que sólo se entregará información cuando sea posible conseguirla.