Por Silvia Pisani  | LA NACION

El país sostiene que, de hacer ese pago tal como está ahora concebido, enfrentaría una "cascada" de juicios adicionales para cuya atención no alcanzarían ni las reservas.

El juicio será ante los mismos magistrados que ya confirmaron fallos anteriores del juez Thomas Griesa. La audiencia está prevista para las 14 (16 en la Argentina). Y no se espera que haya veredicto en el día aunque, si bien la Cámara tiene todo el tiempo que quiera para resolver, la impresión es que lo hará en un plazo de no más de tres meses o menos.

"Nunca se había llegado tan lejos", admitió Henry Weisburg, experto en litigios financieros internacionales de Shearman & Sterling, al subrayar el carácter crítico de la instancia.

Liderado por el ministro Hernán Lorenzino (ayer se sumó el vicepresidente Amado Boudou), buena parte del equipo económico se trasladó de urgencia a Nueva York para intentar ajustar los detalles finales de la exposición argentina con el estudio de abogados local que representa al país.

Ayer había apuestas de todo tipo. Una de las más aceptadas apuntaba a la posibilidad de que, si bien es difícil que la Argentina zafe de la orden de pago que le impuso Griesa, sí podría beneficiarse indirectamente si los magistrados rechazan el mecanismo que aquél impuso para hacerlo efectivo. "La Argentina quedaría condenada a pagar, pero no podría ser técnicamente forzada a hacerlo", dijeron a LA NACION fuentes familiarizadas con el proceso.

Lo que está en juego

Son dos posiciones en pugna. Los tenedores de deuda en default que no aceptaron el canje de sus papeles -a los que técnicamente se llama holdouts y que el Gobierno tilda de fondos buitre- reclaman que se cumpla el fallo por el que Griesa ordenó el pago en efectivo y en una sola vez, por 1330 millones de dólares.

La demanda fue impulsada por los fondos NML Capital y Aurelius Management -los mismos que lograron el embargo de la Fragata Libertad- y por un conjunto de 13 inversores minoristas argentinos.

Del otro lado, la Argentina rechaza la pretensión y ofrecerá la "posible" apertura de un nuevo y tercer canje, en términos similares a los practicados en 2005 y 2010, y por los que se reestructuró el 93% de la deuda.

"Eso no tiene futuro", dijo a LA NACION Richard Samp, de la Washington Legal Foundation, quien empero sí admite la posibilidad de que tampoco subsista el mecanismo de pago dispuesto por Griesa.

Pero, pese a toda la expectativa, la Cámara se reúne hoy no para tratar si la Argentina debe pagar o no -sobre eso, los jueces no tienen dudas- sino dos cuestiones muy específicas: la forma de pago y qué ocurrirá con las entidades y particulares intermedios que podrían quedar afectados por ese mecanismo.

Sobre la forma de pago, la Argentina dice que la orden de Griesa -en suspenso- de pagar al contado la expone a un default técnico. "Habría una catarata de juicios por más de 43.000 millones de dólares", para los que no alcanzarían, siquiera, todas las reservas del Banco Central, esgrime.

El argumento "está bien fundado", admitió Thomas Rally, experto en litigios de la Universidad de Chicago. Pero, del otro lado, casi nadie cree que los jueces vayan a conmoverse con la contraoferta de, "eventualmente", ofrecer un nuevo canje de deuda para que ingresen los demandantes. "Esa oferta llega tarde y fuera de tiempo. Los demandantes están ahora mucho más cerca de cobrar lo que pretenden. ¿Por qué habrían de aceptar un fuerte recorte que, además, ya rechazaron antes?", dijo Weisburg, quien recordó además que la Cámara "no puede obligar" a los fondos a aceptar un contrato distinto al que convinieron al comprar los bonos.

Donde sí hay coincidencia de una mayor chance para la Argentina es en lo que refiere a las "terceras partes" afectadas, lo que incluye a los bonistas que entraron en el canje y, sobre todo, a los bancos que hoy participan del circuito de pagos.

La cuestión refiere especialmente al planteo del Bank of New York (BoNY), molesto porque la orden de Griesa lo obliga a hacer cosas que no desea, como retener fondos que envíe para otros pagos de la Argentina para destinarlos a los demandantes. "Eso no sólo nos genera problemas que no han sido suficientemente comprendidos y afectan el sistema de pagos", dijo el BoNY, en su presentación. El dato alentador es que los jueces aceptaron que hoy expongan, aunque serán sólo siete minutos y compartidos por otras entidades..