Por Pablo Fernández Blanco - El conflicto en torno a la suspensión del megaproyecto minero Potasio Río Colorado, a cargo de la brasileña Vale, alcanzó ayer su punto de máxima tensión. Al mediodía, el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció en un acto en la Casa de Gobierno que la compañía "violenta la seguridad jurídica y las leyes argentinas". Y remarcó que "si no produce y explota la mina" ubicada en Mendoza, "se violenta el contrato de concesión" firmado con la provincia. Sin decirlo explícitamente, dejó la puerta abierta a una eventual expropiación o solución alternativa al conflicto.

El funcionario ahondó en las críticas a la empresa brasileña, en la que tiene una participación del 5,5% el Estado de su país. Afirmó que con las quitas impositivas solicitadas por la empresa "estaban haciendo una diferencia de 3000 millones de dólares, exactamente el mismo número que dan sus pérdidas internacionales; querían, con la nuestra, pagarse la deuda".

Antes, el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, había deslizado que "el proyecto se va a llevar adelante con o sin Vale". Sostuvo su afirmación en instrucciones que, de acuerdo con su palabra, le había dado la presidenta Cristina Kirchner.

El lunes, la empresa informó desde Brasil que avanzará en la suspensión del proyecto, que de acuerdo con sus cálculos demanda una inversión total por encima de los 6000 millones de dólares, de los cuales U$S 2200 millones ya fueron desembolsados. El cese de actividades dejaría sin empleo a unos 6000 trabajadores.

El objetivo del emprendimiento es explotar ingentes volúmenes de potasio para exportar a Brasil, algo que afectaría de manera sensible y positiva la balanza comercial argentina. Por los problemas internacionales y las características de la economía doméstica (entre ellas la inflación y la incertidumbre cambiaria), Vale pidió un cambio en las condiciones generales del proyecto, que la Argentina rechazó.

Si bien el Gobierno analiza alternativas, como incorporar socios, fuentes al tanto de la negociación sostienen que por el momento se trata sólo de sondeos.

Luego de las palabras de De Vido, por la tarde hubo una reunión multitudinaria en el Ministerio de Trabajo. Comandó el encuentro el dueño de casa, Carlos Tomada. Participaron los gobernadores de Mendoza, Francisco Pérez; de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Neuquén, Jorge Sapag. El enviado de De Vido fue el coordinador de su cartera, Roberto Baratta, y también hubo intendentes. Sus miradas poco amigables se volcaron durante más de una hora sobre Sergio Leite, el presidente de Vale en la Argentina, que llevó como único escudo a dos de sus abogados.

Algunos de los asistentes al encuentro relataron a LA NACION la dinámica de la reunión. Durante algunos minutos, Leite se refirió a temas que los funcionarios consideraron superficiales. Hasta que el intendente de Bahía Blanca, Gustavo Bevilacqua, interrumpió el monólogo y le reclamó una solución concreta para el tendal que dejaría el abandono del proyecto. Le recordó la cantidad de empleos en juego.

Los funcionarios le reclamaron a la empresa que presente un plan "razonable" de desinversión a más tardar el lunes. En otros términos: que no implique el cese del pago de los salarios de inmediato sino en un horizonte de un año, por caso, o que analicen alternativas para continuar el proyecto. Según publicó ayer el diario brasileño Valor Económico, Vale intentará vender el proyecto a otros inversores.

Leite comprendió el pedido y redobló la apuesta. Les prometió a la multitud de funcionarios que el viernes tendría listo el plan que les reclamaba. Todos se volverán a ver las caras mañana a las 10 en Trabajo.

Los empresarios argentinos están preocupados por el contrapunto Gobierno-Vale, no sólo por la magnitud del proyecto sino por lo que puede implicar para la relación bilateral. Los más consternados son los ejecutivos mineros reunidos en la CAEM. Ayer, tras horas de debate, emitieron un breve comunicado en el que piden "buscar soluciones a través del diálogo".

Con Potasio Río Colorado suspendido, el mayor proyecto de inversión en marcha en el país sigue siendo minero. Se trata de Pascua Lama, una iniciativa situada en la provincia de San Juan y compartida con Chile, con la que la canadiense Barrick busca producir oro y plata mediante una inversión de US$ 6000 millones..

Del editor: cómo sigue.
Sólo una reunión entre las presidentas de ambos países parece poder destrabar el conflicto. Si no, el Gobierno apuesta a la intervención del Estado.