Por Pablo Morosi - LA PLATA.- Por primera vez un gobierno provincial denunciará ante el fuero penal casos de evasión impositiva en el marco de la ley penal tributaria, que en el ámbito bonaerense rige desde fines de 2011 y prevé penas de prisión para los incumplidores.

La provincia elevará hoy ante la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas (UFIC) N° 8 de esta ciudad los casos de tres empresas que en conjunto adeudan 200 millones de pesos en impuestos. Así lo aseguró el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Martín Di Bella, que ayer confirmó a LA NACION la presentación judicial. "La denuncia recaerá sobre empresas que con su actitud perjudican a todos los bonaerenses", dijo.

Di Bella evitó dar a conocer los nombres de las firmas por denunciar, pero LA NACION pudo saber que la principal empresa en investigación está radicada en San Isidro y se dedica a la venta al por mayor de calzado, tanto de importación como de exportación. Según trascendió, en 2012 la compañía facturó más de $ 120 millones.

La segunda empresa denunciada tiene como actividad principal la construcción y reforma de grandes edificios y tiene domicilio fiscal en la Capital Federal. Según los registros de ARBA, el año pasado tuvo ingresos por más de $ 80 millones.

La tercera firma reprochada por el fisco provincial tiene domicilio fiscal en Vicente López y ofrece servicios de intermediación financiera. El año pasado emitió facturas por más de $ 20 millones.

Según informaron fuentes de ARBA, en los tres casos, se trata de grandes contribuyentes que, por su alto nivel de facturación, funcionan a su vez como agentes de recaudación. El delito denunciado por ARBA radica en que al retener o percibir dinero de los contribuyentes como "pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos" estas empresas no depositaron ese dinero en las arcas de la provincia.

Financiamiento

Con la presión fiscal al máximo y sin respuesta a sus pedidos de auxilio financiero desde el gobierno nacional, Scioli busca dinero extra entre los grandes evasores de la provincia, que podrían ser castigados con penas de cárcel a partir de la aplicación de la ley nacional 24.769, que reprime los delitos fiscales.

La norma dispone la pena de dos a seis años de cárcel a quienes "mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere el pago de tributos" por un monto de hasta $ 400.000. En tanto, se considera "agravada" la evasión de más de $ 4 millones y se la condena con penas de entre 3 y 9 años de prisión.

Hace dos semanas fue el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Mariano Cascallares, quien advirtió que preparaba una serie de denuncias para los propietarios de unos 2000 colegios privados que no depositaron los aportes jubilatorios descontados a su personal.

Por su parte, a principios de mes, el gobernador Scioli prometió que su administración crearía un fuero penal específico que es lo que permitiría una plena aplicación de la ley penal tributaria en la provincia. A la espera del cumplimiento, ya se tomaron dos medidas: se creó, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, la Policía Tributaria, y se conformó un grupo de elite de ARBA para perseguir a grandes evasores.

Hace dos semanas, el gobierno bonaerense detectó que el 25% de las 1000 empresas con mayor facturación de la provincia comete desvíos u omisiones en su cumplimiento tributario. Estas 250 firmas, entre las que figuran hipermercados, bancos, petroleras, automotrices y empresas de bebidas gaseosas, omitieron declarar una facturación total de 8500 millones, que -de haberlo hecho- implicarían un aporte, en concepto de Ingresos Brutos, de cerca de $ 500 millones de pesos para el urgido fisco provincial..