La AFIP lanzó ayer una nueva moratoria para deudores impositivos, aduaneros y de recursos de la seguridad social con plazo de hasta diez años. Beneficiaría a más de 1,7 millón de contribuyentes, entre los que no incluyen a evasores denunciados penalmente ni a las grandes cerealeras. No tiene pago a cuenta y puede reformular planes vigentes (menos el Acuerdo Fiscal).

Según explicó ayer el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, los contribuyentes interesados podrán formular el plan de pagos hasta el 31 de julio de este año y tendrán para optar por programas de hasta 120 cuotas, con una tasa del 1,35% mensual. De los contribuyentes que pueden quedar alcanzados, 1.709.065 tienen deudas de hasta un millón de pesos, y de ese total casi el 99% son pymes.

Con esa medida, que podría generar una importante recaudación, el Gobierno alivia la carga de deudas a las empresas para que mantengan sus puestos de trabajo en un contexto de freno económico que se palpó desde que comenzó el año. La medida fue igualmente bien recibida en el sector empresarial, aunque un elemento generó cierta preocupación: la deuda corriente, que hasta ahora se podía pagar en cuotas -había planes de tres a seis tramos-, ahora se tiene que hacer al día. Esto puede tener efectos en el crédito, dado que el BCRA, por su normativo, estipula que no es sujeto de crédito quien esté atrasado en los pagos previsionales. Básicamente se ven afectadas empresas que tienen estacionalidad en la venta de sus productos o servicios y que utilizaban el pago en cuotas en los meses de menor demanda.

De hecho, la apertura de esta moratoria no alcanza a todo el universo de contribuyentes y los que están en la mira desde hace años allí seguirán. Los grandes evasores y morosos denunciados penalmente por la AFIP y las cerealeras exportadoras que no hayan contado con preanotación de granos no podrán ingresar a este plan.

La presunta evasión tributaria de $ 244 millones del Banco HSBC -denunciado también penalmente por el supuesto lavado de dinero equivalente a $ 392 millones de pesos- fue utilizado como testigo por Echegaray para presentar la iniciativa llamada Plan de Regularización Fiscal Impositivo, Aduanero y de la Seguridad Social.

Otro sector excluido del beneficio es el de las grandes empresas exportadoras de granos, tanto nacionales como internacionales, por la millonaria deuda tributaria denunciada desde 2007 y que aún mantienen con la AFIP. Cargill le debe al Estado unos u$s 228 millones; Bunge adeuda $ 126,4 millones; la Aceitera General Deheza cuenta con un pasivo de $ 48 millones y la firma LDC con uno de $ 141 millones. Además, Molinos Río de la Plata adeuda $ 197 millones, y Oleaginosa Moreno tiene 17 millones de pesos en rojo. Antes estos números, explicó Echegaray, esas compañías "no quedaron incluidas en este acuerdo fiscal porque son cuestiones que frente a una avivada, no les podemos dar un plan de facilidades de pago, sí un plan de regularización para mantener el empleo". Aclaró, además, que "no pueden ser reformulados los planes del acuerdo fiscal de 2009, dado que entonces hubo condonación de multa e intereses", en referencia al amplio blanqueo de capitales que se impuso aquel año.

Echegaray puntualizó que pueden ser incluidas en dicho plan "las deudas derivadas de ajuste de inspección", por lo que pidió a los contribuyentes que "aprovechen esta ocasión para conformar el ajuste e incluir esa deuda dentro de este plan de pago". Se pueden incluir también "la deudas que están en discusión en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial, pero siempre y cuando el contribuyente se allane". La moratoria fue determinada por la Resolución General 3.451, publicada ayer en el Boletín Oficial, la cual indica que el plan de desendeudamiento se implementará para cancelar las obligaciones vencidas hasta el 28 de febrero pasado. Según la explicación oficial, la decisión de lanzar una nueva moratoria se dio para "instrumentar medidas contracíclicas conducentes al desarrollo estructural de empresas y a la generación de empleo".