Por Javier Blanco - Aldo no es Aldo. Cuando se comunicó con esta redacción, pidió que se preservara su identidad, lo que derivó en la adopción de ese alias. Cuenta que no es un improvisado. Que trabajó largos años en la antigua Gas del Estado y, aun así, debió pasarse largo rato tratando de entender qué había detrás del salto tarifario que encareció en un 445,7% (de $ 54 a $ 296) la factura que paga por el gas consumido de un año a esta parte.

Dice que en su mente retumbaban las frases que más de una vez escuchó de la presidenta Cristina Kirchner, al criticar a los gobernadores e intendentes por subir tarifas o impuestos. Pero la última factura que le envió Metrogas la desmentía con una contundencia tal que decidió indagar.

¿Cuál es la explicación de semejante salto? Lo descubrió después de revisar uno por uno los once cargos que se suman en la factura, que hacen cada vez más dificultosa su lectura al consumidor.

No era la quita del subsidio. Tampoco el nuevo cargo impuesto en 2012 para financiar obras de mantenimiento ni el recargo incluido desde 2002 para financiar compensaciones tarifarias para la Patagonia, una zona de Mendoza y la Puna.

La explicación del salto estaba, básicamente, en la "socialización" que el Gobierno había dispuesto de los elevados precios que valida al importar gas, tras diez años de una política que dilapidó recursos hasta pulverizar el sueño de un país autoabastecido.

"Lo que más bronca me da es que siguen poniéndome un cartelito enorme que dice que me subsidian, pero cuando miro la factura veo que lo que me cobran por importar gas es 40% más de los que me perdonan. Así que les voy a ofrecer que me quiten el subsidio, pero sólo si me dejan penalizarlos por su pésima gestión de los recursos", dice, sagaz, pero sin poder evitar el tono contrariado.

El aporte de Aldo permitió comprobar que su caso no es aislado. Más aun si las actuales condiciones de abastecimiento se mantienen sin cambios y el país no logra reducir rápidamente sus importaciones, tenderá a generalizarse en los próximos meses.

La novedad es que ya un amplio universo de usuarios residenciales paga mucho más por su consumo porque les cobran más por el fluido importado que lo que les "perdonan" en concepto de subsidio.

En esa situación se encuentra buena parte de los que registran consumos categorizados como R3, lo que equivale a decir en todos los casos superiores a los 1000 metros cúbicos al año, según un promedio móvil que toma los últimos 12 meses.

De acuerdo con cálculos internos de la distribuidora Gas Natural Fenosa, un consumo promedio anual de un hogar de recursos medios (una vivienda tipo con dos estufas, un termotanque y una cocina de 4 hornallas) es de 1095 m3, lo que deja a este universo dentro del tarifazo derivado de la importación de gas.

De la abundancia al faltante

Tras haber incursionado en la exportación en la década del 90, la Argentina importa algo más del 23% del gas que consume. Llega al país en barco desde destinos tan remotos como Trinidad y Tobago, por el que paga unos 17 dólares en promedio por millón de BTU, o viene por gasoductos desde Bolivia (a razón de 11 dólares).

Ambos precios son muy superiores a los que reciben los productores locales, que parten de US$ 2,5 por millón de BTU si explotan reservas ya probadas, y llega a los US$ 7,5, en el caso de que descubran nuevas.

El arribo de gas por barco es el dato más demostrativo del descalabro: en 2005 llegaba al país un barco por año, mientras que actualmente ya son más de 80. Nunca atracan en puerto para descargar si el pago de la carga no se hizo antes y al contado, debido a la situación financiera del sector.

Según los últimos datos de la Secretaría de Energía, durante 2012, y con la producción local retrocediendo otro 3,1%, el país debió importar gas por 4697,8 millones de dólares. No sorprende: desde hace décadas, el gas natural es el recurso más usado en el sector energético local, al punto de que hoy explica más de un 50% de las necesidades de abastecimiento del país, con una participación récord a nivel mundial en su utilización vehicular y un altísimo desarrollo tecnológico.

El economista Ramiro Castiñeira (Econométrica) sostiene que fue la crisis energética, siempre negada desde el Gobierno, la que se "llevó puesto" el modelo. "Ya no hay superávit fiscal ni externo ni energético ni tipo de cambio competitivo. El deterioro pasó factura en el crecimiento y ahora también en el tipo de cambio, y el cuadro energético aportó mucho a esto", dice.

El pago de esa gigantesca factura por casi US$ 4700 millones (a valores de 2012) recae ahora sobre buena parte de los usuarios. Se reparte de un modo que, según analizan algunos especialistas, ayudará a descorrer el velo que imposibilitaba a la mayoría de los usuarios metropolitanos mensurar los costos que les tocarían afrontar por la política energética de la administración kirchnerista..