Por: Carlos Burgueño - Nueva York (enviado especial) - La última semana de mayo o la primera de junio, el largo juicio contra los fondos buitre llegará a su fin. Será cuando la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York emita un fallo definitivo sobre el juicio. Podría ser la última etapa. Fuentes judiciales deslizaban ayer que podría haber otra posibilidad: sólo si estuviera seriamente afectado el negocio de emitir deuda soberana de terceros países en Wall Street y la institucionalidad del Bank of New York Mellon (BONY), la Corte Suprema de los Estados Unidos aceptaría el caso.

La alternativa que la tercera instancia judicial avale tratar este caso sería únicamente ante la eventualidad de un fallo de Cámara negativo para el país. Si, por el contrario, la decisión es favorable a la Argentina y se les pide a los fondos buitre que estudien ingresar al canje de deuda presentado por el Gobierno el 29 de marzo se considera difícil que la Corte Suprema acepte el caso.

Según las estadísticas, de 5.000 casos por año que se le plantean a la Corte, sólo entre 80 y 90 casos son aceptados y resueltos en un plazo promedio de entre uno y dos años. Así, para que el máximo tribunal de este país acepte el caso deberían pasar dos cuestiones claves: afectarse una ley federal o que haya un interés particular del Gobierno de los Estados Unidos para que la Corte se defina. En el primer caso, sólo habría una afectación a una legislación en el caso de que la Cámara encuentre al BONY afectado seriamente por el fallo. La entidad ya le anticipó a la Cámara que no aceptará esa decisión y que apelará a la Corte. El momento clave para esto será en septiembre, cuando el país tenga que concretar el próximo pago de deuda. Acá se estaría violando la ley de solvencia de entidades financieras norteamericanas y de responsabilidad soberana de los países.

La segunda instancia donde la Corte podría aceptar tratar el caso de los fondos buitre contra la Argentina sería por un pedido directo y formal de la administración de Barack Obama. El argumento legal es la necesidad de garantizar la emisión de deuda pública en Wall Street. Este mercado que se vería seriamente afectado ante el "gris" que existe entre la responsabilidad de un Estado que emitió títulos públicos soberanos luego ingresados en default, y la negativa de tenedores de esos bonos a ingresar en reestructuraciones de deuda. No es poco lo que se juega Nueva York: se trata de un mercado de u$s 20.000 millones anuales; en medio además de la amenaza seria de hacer caer procesos de reestructuración de varios países europeos sometidos a una crisis que parece no terminar.

En paralelo, los abogados que representan a la Argentina en los tribunales de Nueva York, el estudio Cleary, Gotlieb, Steen& Hamilton (CGSH) aguardan que varios de los bonistas que litigan contra la Argentina en Nueva York acepten el canje. Se trata de algunos de los holdouts que en su momento se sumaron al juicio de los fondos buitre Elliott y Aurelius contra el país buscando cobrar el 100%, pero la alternativa de que todo se extienda aún mucho más (y sin seguridad de cobrar) hizo que algunos comenzaran ya a pensar que es tiempo de obtener lo que se pueda.

La posibilidad cierta de esta aceptación había llegado a Buenos Aires hace unos días al haber recibido el estudio CGSH consultas sobre abogados de estos tenedores de deuda en default sobre las condiciones técnicas de la aceptación de la oferta. Ahora, en las próximas horas y luego del rechazo del fondo buitre NML Elliott del viernes pasado, estos holdouts deberían dar las señales positivas.

Los interesados serían algunos del siguiente listado: Pablo Alberto Varela, Mirta Susana Diéguez, María Evangelina Carballo, Lila Inés Burgueño, Leandro Daniel Pomilio, Teresa Muñoz de Corral, Norma Elsa Lavorato, Carmen Irma Lavorato, César Rubén Vázquez, Norma Haydée Gines y María Azucena Vázquez.

Si algunos de estos holdouts aceptan este tercer llamado a abrir el canje, el proceso de reestructuración de la deuda superaría el 95%. Superar la barrera psicológica de ese 95% es importante, ya que terminaría de demostrar que la posición de los bonistas, fundamentalmente los buitres, sería más que marginal. Igualmente éstos, ante la alternativa de un fallo totalmente adverso (algo imposible de determinar a esta altura), apelarían y llevarían la situación a una definición ante la Corte Suprema. Lo mismo haría la Argentina si la Cámara rechaza la oferta de reapertura del canje. Según los cálculos de Economía, habría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares aún en default, de los cuales no menos de u$s 7.000 millones estarían en poder de los fondos buitre y resultarían una causa perdida para cualquier presentación para regularizar la deuda. Es el dinero que permanece en poder de Elliott y Dart (especialmente estos dos), Olifant, Aurelius, Blue Angel y Master, entre otros. Habría luego entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en manos de particulares, que si ingresan en el tercer canje llevarían al 95% el porcentaje de aceptación de la reestructuración del pasivo argentino (incluyendo los llamados de 2005 y 2010).