El Banco Central continuará esta semana su arremetida para frenar la fuga de divisas que está percibiendo a través de las extracciones con tarjeta desde el exterior. Tras haber enviado cartas la semana pasada a individuos para consultarlos sobre estas operaciones -tal como anticipó el viernes último Ámbito Financiero-, el organismo enviará ahora cuestionarios similares a los bancos para pedirles que brinden información cuantitativa y documentación respaldatoria sobre los retiros que realizaron los argentinos en el exterior. Además, les exigirá que empiecen a controlar hacia adelante con mayor cuidado este tipo de operatorias.

Fuentes oficiales explicaron a este diario que la iniciativa fue puesta en marcha porque, según dicen, los bancos se habían comprometido a que este instrumento estuviera dispuesto para situaciones de emergencia en el exterior, y a vigilarlo para que no se produjera ningún cambio de comportamiento. Pero que, llamativamente, en los últimos meses la salida de divisas mediante este mecanismo pegó un salto extraordinario, a partir de que se lo empezó a utilizar como una vía de atesoramiento de moneda extranjera, lo cual no está permitido por la normativa cambiaria desde mediados del año pasado.

A partir de esto, las entidades financieras ya están definiendo nuevos topes para imponer a sus clientes en estas operaciones. Pero se presume, además, que la intención del Gobierno a largo plazo es que la operación se vaya restringiendo cada vez más para hacerla desaparecer por completo. Actualmente, según explican algunas entidades, estos máximos están fijados en un del 30% del límite de compra del plástico.

De acuerdo con la solicitud del organismo, las entidades deberán acreditar el monto de las extracciones y cómo fue aplicada a la cancelación de los resúmenes en moneda extranjera, para constatar si coinciden con las cantidades extraídas.

Desde el organismo insisten en que es probable que tengan que aplicar algún tipo de sanción a quienes realizaron este mecanismo con el fin de atesorar dólares (a pesar de que la normativa cambiaria no indica que el cliente deba especificar el destino que le da a este financiamiento).

"La desnaturalización en el uso del instrumento conlleva a la posibilidad de evaluar una sanción. Primero necesitamos toda la información: cotejar la declaración jurada de las personas físicas y la información que provean los bancos", comentó una fuente oficial. "El instrumento no está prohibido, pero está pensado para gastos en turismo. Si se lo realiza para atesoramiento se está vulnerando la normativa. Y también hay que ver si los bancos fueran laxos en las autorizaciones para este tipo de financiamiento", agregó.

En sus cartas a clientes, el BCRA ya anticipó que, ante la falta de respuestas, suspenderá a los individuos del mercado de cambios, de acuerdo con los términos del artículo 17 de la Ley 19.359. A ellos les pidió la presentación de resúmenes de cuenta de la tarjeta con la que realizaron las operaciones; la copia de aquellos comprobantes que acreditaran la forma de cancelación de los consumos correspondientes; la declaración jurada sobre la cantidad y el destino de los fondos en moneda extranjera, y la copia de comprobantes sobre el reingreso de los dólares al mercado local.

La preocupación del Gobierno por este tipo de operaciones creció a la par de la evolución que mostró, en los últimos meses, el tamaño de la fuga de divisas, no sólo por esta vía sino también por consumos a través del plástico. De acuerdo con el balance cambiario del Banco Central, sólo en 2012, por ejemplo, por el mercado de cambios oficial se fueron cerca de u$s 14.000 millones. Pero más de la mitad estuvo representada por gastos en viajes y turismo, además de pasajes.

Sucede que, a partir de la prohibición sobre el atesoramiento que se impuso a mediados del año pasado, los viajes al exterior quedaron como la única alternativa posible para acceder a divisas en el mercado legal de cambios en la Argentina.