A pedido del "fondo buitre" NML-Elliot, el magistrado ordenó a la entidad que preside Juan Carlos Fábrega que abriera el detalle de sus activos para ver si son embargables por parte de estos agresivos demandantes. El fallo del 8 de febrero de este año determinaba que se le entregaran datos de España, Brasil, Bolivia, Chile, Panamá, Paraguay, Estados Unidos, islas Caimán y Uruguay. Fuentes ligadas al caso indicaron anoche a LA NACION que el documento había sido entregado por el estudio jurídico Dorsey & Whitney, que representa a la entidad bancaria pública en EE.UU.

Allí, tal como lo exigió Griesa bajo la amenaza de comenzar a aplicarle una multa al Nación, está el detalle de las cuentas del Estado y de empresas públicas y de aquellas privadas donde el Gobierno tenga una participación superior al 25 por ciento.

Las únicas cuentas particulares a las cuales el "fondo buitre" puede tratar de acceder en el exterior, según esa resolución, son las de la presidenta Cristina Kirchner y del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

Por lo tanto, el objetivo de los "fondos buitre" es doble: sumar activos eventualmente embargables y provocar un golpe de efecto si logran acceder a eventuales datos de los Kirchner en el exterior.

El abogado especialista en temas de deuda del estudio Garrido, Eugenio Bruno, dijo a LA NACION que "este trámite se hace para identificar activos embargables, por lo que, una vez que se determine qué dinero hay en el Banco Nación, la próxima discusión será si esos fondos son embargables o no, de acuerdo con la ley de inmunidad soberana de los Estados Unidos". La clave, explicó Bruno, es determinar que si esos recursos "son de naturaleza comercial, pueden ser embargados".

Esta causa se tramita en paralelo al caso de "pari passu" en el que la Cámara de Apelaciones de Nueva York debe ratificar o no el pago a los holdouts por US$ 1333 millones..