Por Dolores Ayerra - Tal como dispuso el Gobierno en el blanqueo de capitales que impulsó en 2008, aquellos que deseen ingresar a la exteriorización de la tenencia de dólares (ya sea en el país o en el exterior), deberán renunciar a juicios realizados contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El proyecto de ley, que ya ingresó al Senado, establece en el inciso f del artículo 15 que “los sujetos que se acojan al régimen establecido, deberán previamente renunciar a la promoción de cualquier procedimiento judicial o administrativo con relación a las disposiciones del Decreto N´ 1043 de fecha 30 de abril de 2003, o para reclamar con fines impositivos la aplicación de procedimientos de actualización de cualquier naturaleza”.
La exigencia de renuncia referidas al decreto firmado con posterioridad a la convertibilidad está relacionada con el “factor de convergencia”, mientras que los juicios con fines impositivos se refieren al requerimiento de ajuste por inflación impositivo y la actualización de determinados conceptos, como podrían ser amortizaciones, saldos a favor y cuenta corriente computarizada de regímenes promocionales, entre otros.
Pero la norma también establece que quienes ya hubieran promovido tales procesos deberán desistir de las acciones y derechos invocados en los mismos. Y dispone que “aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley ya hubieran promovido tales procesos deberán desistir de las acciones y derechos invocados en los mismos”. Al mismo tiempo, aclara que “en el caso de renuncia, el pago de las costas y gastos causídicos se impondrán en el orden causado, renunciado el fisco al cobro de multas”.
En la introducción y considerandos del proyecto, firmado por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, se reconoce que el blanqueo ”tendrá un impacto positivo sobre la recaudación tributaria”.
El documento especifica que el exceso de dólares –registrado como formación de activos externos en el Balance de Pagos– alcanzó los u$s 158.338 millones entre los años 1992 y 2012. En tal sentido, los funcionarios se valieron de cifras de analistas privados para estimar que los residentes tendrían en su poder dólares por una suma de u$s 40.000 millones dentro del país y de más del triple de esa cifra en el exterior (es decir más de u$s 120.000 millones).