Por: Carlos Burgueño - El oficialismo y la oposición se preparan ahora para una nueva batalla judicial. Según el Gobierno, se les garantizará que quienes entren en el blanqueo tributario no pierdan los "derechos adquiridos", aunque sé de el caso de una victoria legislativa opositora que impulsa la nulidad de esa ley. Según la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), no sólo será imposible la alternativa de derogar la norma, sino que además los que ingresen al llamado no podrán ser automáticamente investigados ni deberán pagar los impuestos que se les perdonaron por haber ingresado en el programa de blanqueo.

Según la visión oficial, y en el caso que la oposición logre una mayoría legislativa que le permita avanzar en la sanción de leyes; en el caso del blanqueo no se podrá legislar hacia atrás y, en todo caso, sólo tendrá vigencia para cerrar el blanqueo hacia delante. Como además el Gobierno quiere que el proyecto ya esté vigente en junio, y como la legislación le permite 6 meses de vigencia al llamado (3 meses prorrogables por decreto presidencial por 3 meses más), para comienzos de diciembre; cuando se conformaría el nuevo Congreso con una eventual mayoría opositora, el blanqueo ya no estaría vigente.

La oposición piensa diferente, y busca lograr la "nulidad de la ley" y la alternativa de abrir los archivos de los que ingresaron en el llamado para eventualmente investigarlos.

De cualquier manera, el Gobierno seguirá adelante con el llamado a blanquear deudas impositivas buscando el ingreso de no menos de u$s 5.000 millones que le permitan lograr una solidez fiscal para terminar 2013 sin sobresaltos, al menos en el panorama financiero.

Según la AFIP, en un comunicado firmado por Ricardo Echegaray, "en el hipotético caso que la oposición logre una mayoría en el Parlamento y pretendan derogar el régimen que se impulsa, la exteriorización voluntaria que hagan los contribuyentes no se verá afectada ya que habrán obtenido de manera legal un derecho adquirido legítimamente" y que "no podrá ser vulnerado por ninguna modificación normativa que pretenda avanzar de manera retroactiva y también estará protegido por el instituto del secreto fiscal". Para el organismo recaudador, una exteriorización de divisas que tenga la firma del Gobierno nacional, cuenta con toda la legalidad que autorizan los organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) e incluso el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información (que funciona dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); ya que tendría la misma estructura legal que el llamado de 2009. En teoría, y según lo que indicaría la Constitución nacional, solamente una ley podría declararse nula hacia atrás, cuando viola normas y tratados internacionales a los que adhiere el país. Fue el caso de la derogación y nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que según determinó el Congreso y avaló la Corte Suprema, violentaban los principios de Delitos de Lesa Humanidad. Siguiendo esta línea, en el caso de un blanqueo impositivo, se trataría de derechos de diferente grado de importancia; y, al ser además avalados los blanqueos impositivos por organismos como la GAFI y la OCDE, no tendrían violaciones a los derechos y normas internacionales.

Según la AFIP, el hecho que no se haya cuestionado del exterior el llamado de 2009, implica que tampoco cabría la nulidad de la ley y los derechos adquiridos por los que en ese momento se sumaron al llamado.

Esto implicaría dos derechos que no podrían ser violentados jurídicamente: el secreto fiscal y el perdón al cobro de impuestos como Ganancias, IVA, Bienes Personales, Ganancia Mínima Presunta y el impuesto al cheque. En el primer caso, el proyecto de ley menciona que quien se sume al blanqueo, tendrá el derecho a mantener la reserva del nombre tanto de las personas físicas como sociedades (condición indispensable para que un llamado de este tipo tenga resultados positivos) y que la condonación de deudas tributarias se mantenga.

La oposición ratificó ayer que avanzará sobre la ley en el caso que se apruebe en el Congreso (todo hace pensar que así será, y a comienzos de junio). En esto coincidieron desde el PRO, la UCR, el Frente Peronista, la Coalición Cívica y el Frente Amplio Progresista (FAP). Según lo que plantearon en conjunto el miércoles y ratificaron ayer varios dirigentes de todos estos partidos, de obtener en las elecciones legislativas del 27 de octubre mayoría parlamentaria en ambas cámaras, derogarán la ley de blanqueo, determinarán su nulidad y publicarán los listados de quienes han exteriorizado el dinero. El presidente del bloque de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, manifestó el "absoluto rechazo" a la iniciativa impulsada por el oficialismo, por entender que "va a consagrar la impunidad para los delitos de corrupción". Según había asegurado el diputado radical Gil Lavedra, este blanqueo sólo apuntaría a "proteger la corrupción" y la intención opositora es la de "publicar quién ha exteriorizado dinero". En tanto, el titular del bloque del Frente Peronista, Enrique Thomas, dijo que "cuando cambien las mayorías parlamentarias vamos a poner en evidencia a quienes se sumen a este blanqueo ilegal. Lo decimos con tiempo para que quienes están dudando lo piensen".

Las justificación de la oposición es que el blanqueo violaría las leyes y acuerdos internacionales de lavado de dinero, con lo que se podría avalar una nulidad. De ser así, se podrían publicar los listados de las personas físicas y jurídicas que se sumen y se podría reclamar el dinero de las deudas impositivas perdonadas. Para el Gobierno plantear esto es una "utopía y una irresponsabilidad", según fuentes de Economía, ya que, al igual de lo que firmó Echegaray en su comunicado, el blanqueo actual tiene la misma estructura legal que el Acuerdo Fiscal del año 2009 donde un total de 210.800 contribuyentes regularizaron su situación y "el programa se concretó bajo estrictas normas y procedimientos del instituto del secreto fiscal contemplado en la Ley de Procedimiento Tributario". En ese blanqueo ingresaron al estado unos u$s 4.800 millones.