Por Silvia Stang - Algo más de la mitad de la población argentina de entre 18 y 24 años -alrededor de 2,5 millones de jóvenes- tiene problemas de inserción social, ya sea porque son personas que no estudian ni trabajan, porque buscan empleo y no encuentran, o porque tienen una ocupación, pero precaria o informal. En el primer grupo hay 745.000 jóvenes, que son quienes tienen las mayores dificultades para delinear un proyecto de vida; los desocupados, en tanto, son 516.000, y, por último, los ocupados, pero en empleos sin plenos derechos, integran el grupo mayor: son alrededor de 1,3 millones.

Los números surgen de un estudio del Ieral, de la Fundación Mediterránea, basado en un análisis de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec.

El informe indica que, en ese segmento de la sociedad, el desempleo fue en 2012 de 19,6%, contra un índice de 7,8% en la población total.

Que la problemática laboral es más grave entre los jóvenes es un dato histórico, que se repite además en muchos países. Pero la situación es más crítica en sociedades con un alto nivel de pobreza y carencias estructurales, dado lo que significan, por caso, las dificultades para el acceso y la continuidad en el sistema educativo.

El desempleo entre los jóvenes de 18 a 24 años se redujo entre 2003 y 2008 de 36,9 a 19,1% de quienes se declaran en actividad. En los últimos cinco años, y al igual que lo ocurrido con otros indicadores de la realidad laboral del país, la tasa no mejoró. Y entre los ocupados que tienen esas edades, seis de cada 10 están en empleos de baja calidad.

En todo el recorrido de la última década, algunos consiguieron empleo, pero muchos se alejaron del mercado laboral, es decir, dejaron de buscar un puesto, tal vez por la mejora en los ingresos familiares que hubo en los primeros años de reactivación. La tasa de actividad juvenil era de 62,3% en 2003 y de 54,2% el año pasado. Pero lo que explica esa disminución no fue sólo un aumento en la proporción de jóvenes estudiantes, sino también en la de quienes no estudian ni trabajan, que eran 13,1% y hoy son 15,3 por ciento.

"No tenemos una política integral para la inserción de los jóvenes", dice Andrea Ávila, directora ejecutiva de la consultora Randstat, que entre otras tareas se dedica a la búsqueda de personal temporario, que suele ser una puerta de entrada al mercado formal. Según Ávila, en los primeros años de reactivación tras la crisis de principios de siglo, muchas empresas pretendieron encontrar personal entrenado en tareas técnicas, pero ante las dificultades, varias cambiaron de estrategia y empezaron a trabajar con instituciones educativas para ayudar a la inserción. Pero ni eso ni los planes oficiales alcanzan, y a eso se suma, como problema, que industrias como la de los call centers, que tuvieron amplia demanda de jóvenes durante unos años, hoy ya no son creadoras de empleos.

Según Agustín Salvia, coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, los jóvenes integran el grupo social que responde con mayores dificultades en los cambios de ciclo económico. Al retraerse la actividad, son los primeros en quedar desempleados o precarizados, y al llegar la recuperación son los últimos en poder reinsertarse, según explica. La nula o escasa experiencia laboral, sobre todo en la economía formal, y la poca flexibilidad en los contratos, son factores que explican tal realidad.

Problemas estructurales

De cara a las oportunidades de reinserción, de mucho depende la condición social de origen. Entre los jóvenes de clases más bajas, señala Salvia, la incorporación puede ser rápida pero en tareas precarias, en changas que no permiten desarrollar un proyecto. Así, en un país como la Argentina, donde según el índice elaborado por la UCA la pobreza afecta a 26,9% de los habitantes, los problemas de coyuntura están atravesados por un tema estructural que traba -incluso en épocas favorables- las mejoras en los niveles de informalidad.

"Hoy no conocemos bien cuál es la inflación ni la pobreza, pero sí sabemos que tener trabajo no garantiza no ser pobre", afirma Javier Lindenboim, director del centro de estudios Ceped, de la UBA.

Los analistas del Ieral agregan que si bien en los últimos años mejoró la asistencia escolar, no hubo avances en términos de calidad. Y eso atenta contra el corazón mismo de los mecanismos de inclusión social.