En el Gobierno hay una considerable expectativa por el resultado de esta iniciativa. El denominado “acuerdo fiscal” de 2009 facilitó la regularización de u$s 4000 millones, con condiciones tributarias y legales que no eran tan favorables como las dispuestas en esta edición. En aquel entonces, el objetivo era recuperar parte de la recaudación perdida por el impacto de la crisis financiera local. Y si funcionó también fue porque había otra dosis de confianza. En los doce meses previos, los depósitos en dólares se habían incrementado u$s 2000 millones. En la actualidad, el blanco son los dólares que emigraron de la Argentina. En el último año el sistema financiero perdió u$s 5000 millones, casi la misma cifra que se aspira recuperar.

Muchos se preguntaron si no era más productivo, a la luz de las urgencias monetarias, revertir alguna de las medidas que impulsaron la salida de capitales, que ofrecer en su lugar un blanqueo que en lugar de tener un costo de entrada, como es habitual en experiencias similares, habilita en una de sus opciones (el Bono de Ahorro Argentino para el Desarrollo) el pago de un interés semestral de 2%.

Según un informe de la consultora Empiria, desde el inicio de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, la fuga acumulada que padeció la economía argentina alcanzó los u$s 80.000 millones, sangría que se cortó a mediados del año pasado, cuando se decidió prohibir las compras de divisas para atesoramiento.

Esta lectura contradice, en parte, la visión oficial de que la dolarización del ahorro es un hábito arraigado entre los argentinos por las recurrentes crisis cambiarias. En la gestión de Néstor Kirchner no hubo fuga, sino ingreso de capitales. El proceso se disparó al compás de la aceleración inflacionaria, el verdadero factor de la demanda de billetes verdes.

Si el blanqueo tiene éxito y se cumple la meta inicial -ansiada pero no declarada- de repetir el resultado de 2009 se estará recuperando apenas 5% de las divisas perdidas desde 2007. Lo que traduce esta relación, en realidad, es que no hay objetivos chicos ante la acuciante necesidad de reponer reservas. El Gobierno le restó importancia durante años al efecto recesivo de esta tendencia, hasta que terminó por rendirse a los resultados. Con un Estado que ya advirtió que no puede emitir pesos en forma ilimitada para sostener el gasto agregado y animar la economía, todos los dólares que vuelvan son buenos.

El Ejecutivo demostró una particular flexibilidad para reglamentar la exteriorización. Se creó un comité técnico y hubo reuniones con todos los funcionarios involucrados, que se esforzaron para darle cauce a los pedidos que permitía la ley, como la posibilidad de aplicar los Cedin a la compra de lotes tanto urbanos como rurales.

Este título comenzará a circular tan pronto se reciban divisas producto de la exteriorización. En ese sentido, Guillermo Moreno no será el único que actuará como promotor de la ley para que haya adherentes en los primeros días. El Banco Central también habilitará rápidamente la posibilidad de que aquel que recibe un Cedin como parte de pago de una operación inmobiliaria, puede canjearlo por billetes y llevarse los dólares a su casa o cuenta bancaria. La AFIP también hará su parte, induciendo con su política de fiscalización a aquellos empresarios o inversores que tienen tenencias no declaradas en el exterior.

Las elecciones se concretarán entre agosto y fin de octubre. El blanqueo termina en septiembre. Si el Cedin contribuye a planchar al blue y reanima la actividad inmobiliaria, para darle un poco de calor a la economía, su objetivo primario se habrá cumplido.