Por Silvia Stang  | LA NACION

La mitad de las personas que trabajan en la Argentina, ya sea en relación de dependencia o por cuenta propia, no tienen aportes al sistema jubilatorio. La situación afecta a alrededor de ocho millones de trabajadores que, en el futuro, no podrán acceder al beneficio de una jubilación y que, en el caso de quedar incapacitados para la actividad, no estarían en condiciones de recibir una pensión.

El porcentaje de ocupados en situación irregular subió en el último año, según la Encuesta de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). A fines de 2012 -fecha del último relevamiento- la tasa llegó a 49,4%, mientras que en el año anterior había sido de 45,9% y en 2010, de 47,2 por ciento. Esta suba del índice, según el análisis de economistas consultados por LA NACION, es producto del estancamiento en la creación de puestos en blanco (en algunos sectores, como la construcción, hubo destrucción neta de empleos), que provocó un desplazamiento de ocupados hacia la economía informal.

El relevamiento alcanzó a 5700 hogares y detectó un desempleo general de 9,3%, una tasa más alta que la del Indec, que para el cuarto trimestre de 2012 había informado que el 6,9% de las personas activas no conseguían un puesto. En el primer trimestre de este año el índice de desempleo se ubicó un punto más arriba.

Al extrapolar a la población urbana total el índice de trabajadores sin aportes calculado por la universidad privada -tomando estimaciones de la cantidad de ocupados sobre la base de datos oficiales-, surge que son unas ocho millones las personas sin contribuciones a la seguridad social.

La informalidad es mucho más alta entre los trabajadores cuentapropistas. En ese universo suele haber empleos de baja calidad, precarios y de carácter intermitente.

Así, entre los asalariados consultados por la UCA, el 32,6% dijo no tener aportes (esa tasa había sido de 28,3% en 2011), un índice similar al obtenido por el Indec en su propia encuesta de hogares. El trabajo del centro de estudios privado agrega que entre los no asalariados la falta de contribuciones afecta al 72,4%, contra tasas del 69,9 y del 70,7% en 2010 y 2011, respectivamente. Ese agravamiento se vincula, según algunos análisis, con el debilitamiento del mercado laboral del sector privado formal (ver página 14).

El economista Eduardo Donza, autor del informe de la UCA, explica que el grupo de los no asalariados es muy heterogéneo. Incluye a patrones o empleadores, profesionales independientes y cuentapropistas, unos con alto nivel de especialización en alguna tarea y otros sin calificación. Por eso, no hay una causa única que explique la ausencia de aportes. En muchos casos, la razón es que los ingresos obtenidos están por debajo de lo que requieren las necesidades familiares básicas, por lo que no existe capacidad contributiva. En otros casos, según Donza, la situación "se limita a cuestiones culturales basadas en estrategias de evasión de contribuciones e impuestos".

Una conclusión a la que puede arribarse siguiendo los resultados de la encuesta de la UCA es que -sea por la causa que fuere- la ausencia de aportes afecta mucho más al sistema jubilatorio que al de salud.

Consultados respecto de la existencia de una cobertura sanitaria, el 30,6% dijo no tenerla, un índice similar al de 2011. La diferencia con el 49,4% que no hace aportes jubilatorios se explica por razones como las siguientes: entre los asalariados, si bien es cierto que contribuir al sistema previsional implica hacerlo también al de la salud, puede ocurrir que un trabajador en negro obtenga cobertura por ser familiar de un empleado en blanco. Entre los cuentapropistas, hacer aportes a uno u otro sistema es independiente, salvo en el monotributo (pero podría ocurrir que quien no paga las obligaciones de ese sistema sí tenga un plan de salud). Lo cierto es que los trabajadores sin cobertura de un plan de salud de obra social o una prepaga quedan bajo el paraguas de la asistencia pública.

En el caso de los aportes previsionales, la alta tasa de no pago anticipa una caída del índice de población mayor con acceso al ingreso jubilatorio, de no mediar cambios. Es cierto que en los últimos años subió significativamente la proporción de adultos mayores (mujeres de 60 años y más y varones de 65 años y más) con jubilación. Pero eso no ocurrió por un plan sostenible en el largo plazo, sino por la instrumentación de una moratoria por aportes impagos, que tiene su límite temporal en función de la edad de las personas.

A partir de un marco normativo de los 90 que habilitaba a calcular la deuda con el valor histórico de los montos adeudados, e incluir en los planes a quienes no estuvieran previamente inscriptos, se abrió una moratoria en la que las cuotas se descuentan de los haberes mensuales. La ventaja rige para aportes que debieron haberse hecho hasta mediados de 1993. Además de ese límite temporal, hay otro dato: al lanzarse los beneficios, no se evaluó el impacto fiscal ni se previó un financiamiento.

El problema de la falta de previsión es más grave en la población femenina. El 56,1% de las ocupadas dijeron no tener aportes, en tanto que entre los varones el índice llegó a 44,8 por ciento. Una diferencia mucho más pronunciada se observa cuando se divide a la población por su nivel de educación: entre quienes no completaron el ciclo secundario, la informalidad trepa al 67,6%, tasa muy lejana al 37,3% de no registro entre quienes sí alcanzaron esa instrucción.