Sbattella, jefe del principal organismo de lucha contra el lavado de activos, lanzó la frase, mezcla de pedido y orden, en dos reuniones que mantuvo durante el último mes con altos ejecutivos y oficiales de cumplimiento de las normativas antilavado de los bancos y de las cámaras del sector. Los había convocado para debatir los alcances de la ley de blanqueo y para transmitirles el interés del Gobierno por alentar el ingreso de fondos frescos al país.

La controvertida indicación de Sbattella fue confirmada a LA NACION por tres presidentes de bancos privados de primera línea, dos oficiales de cumplimiento antilavado de otros dos bancos, una técnica del sector bancario y una alta fuente con acceso a lo que ocurre dentro de la UIF.

El deseo del jefe de la unidad antilavado, sin embargo, chocó con la resistencia de los oficiales de cumplimiento. No por razones éticas, sino por una cuestión de autopreservación.

Ante el planteo de Sbattella, los oficiales le dijeron que no. Sostuvieron que afrontarán cargos penales y multas millonarias de la propia UIF si algún día sale a la luz que uno de los beneficiarios del blanqueo lavó dinero del narcotráfico, como ocurrió con el colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff en 2009.

La respuesta de Sbattella ante esos argumentos fue, según uno de los oficiales, la siguiente: "Nos dijo que debemos reportar lo que consideremos que tenemos que reportar como operación sospechosa [de lavado]. Pero que la UIF analizará la buena o mala fe del reportante".

Esa respuesta resultó muy distinta de la que difundió en público en esos mismos días. Ante la prensa, sostuvo que la actual ley de exteriorización de capitales es más estricta que la de 2009. "El único blanqueo que se exculpa [ahora] es el tributario", dijo.

La afirmación pública de Sbattella es correcta, coincidieron los expertos antilavado consultados por LA NACION.

Los expertos consultados señalaron, además, que luego de la reforma de la ley antilavado, a mediados del año 2011, todos los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas (ROS) cuentan con menos margen discrecional para obviar transferencias o inversiones o depósitos dudosos con la actual ley de blanqueo que con la de 2009, que derivó entonces en el reporte de 631 operaciones por 543 millones de pesos.

Sin embargo, Sbattella -al que investiga la justicia penal por presuntas irregularidades, la utilización política de la Unidad de Información Financiera y el cajoneo de legajos del empresario Lázaro Báez, del vicepresidente, Amado Boudou, y, mientras eran aliados del Gobierno, de líder camionero Hugo Moyano y de Sergio Schoklender- trazó a puertas cerradas una visión muy distinta ante los oficiales de cumplimiento antilavado, según las siete fuentes consultadas.

LA NACION intentó comunicarse desde el viernes con Sbattella para consultarlo acerca de sus declaraciones en esas reuniones con los bancos, pero el jefe de la UIF no devolvió las llamadas y mensajes.

Presión oficial

En rigor, el titular de la unidad antilavado sólo se plegó a la línea política que ya expresaron en público otros funcionarios del Gobierno. Algunos de ellos, como el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, o la presidenta del Banco Central (BCRA), Mercedes Marcó del Pont, por tratarse de un proyecto que estaba bajo sus respectivas órbitas de trabajo.

Otros funcionarios, en tanto, como Guillermo Moreno, fueron más lejos y más coloridos. Como cuando el secretario de Comercio conminó a cien empresarios del rubro de la alimentación a plegarse al blanqueo de capitales.

"La próxima los quiero con un Cedin pegado en la frente. Si no, no entran. Van a poder decir: «Cumplí con Moreno». Si no, los busco uno por uno", les adelantó Moreno, según reveló LA NACION el domingo 13 de este mes.

La diferencia entre Moreno y Sbattella, sin embargo, pasa por los cargos públicos que ocupa cada uno. "Lo que hizo fue pedirnos que se reporte lo mínimo, lo cual resulta esquizofrénico porque lo planteó el jefe de la unidad antilavado", indicó el presidente de uno de los bancos consultados.

Los expertos se sienten nerviosos por varios motivos. Entre otros, porque a diferencia del blanqueo que tuvo lugar en 2009, cuando el Banco de Basilea asumió un rol, ahora su ruta ya no pasa por esa entidad. Puede ser del colchón o de sitios y actividades menos explicables. Ahora, además, el autolavado ya no se encuentra exento de la persecución penal.

Pero, al mismo tiempo, la ley de blanqueo sostiene que basta con presentar una declaración jurada -con el formulario F-1205 a través de un aplicativo de la AFIP- sin los documentos que la sostengan, lo que pone aún más nerviosos a los oficiales de cumplimiento.

Así, frente a los riesgos que podrían correr, algunos bancos de primera línea del país ya tomaron una decisión. "Vamos a reportar a todos, salvo «honrosas excepciones» de clientes que conozcamos de años y que ya mostraran movimientos en línea con los que pretendan exteriorizar", indicó ante la consulta de este diario un oficial de cumplimiento.

Sbattella escuchó ese comentario durante sus encuentros con los ejecutivos bancarios. "Todos van a ir a un ROS. No nos dejan otra alternativa", le comunicó al funcionario uno de los presentes.

El titular de la unidad antilavado tampoco se quedó atrás. "No hay problema -les retrucó-. Les pongo el pecho a los ROS."

Con la colaboración de Florencia Donovan y Santiago Dapelo .

Del editor: qué significa. ?
En el marco del blanqueo lanzado por el Gobierno, el ocultamiento de posibles operaciones irregulares agrega más sospechas a la polémica iniciativa.