A la hora de justificar la estatización de YPF, la Presidenta puso como nudo de esa decisión la pérdida del autoabastecimiento. Planteó que en 2011 la Argentina había terminado con un pasivo energético de u$s 3000 millones, y que había tenido que importar u$s 9400 millones. También cuestionó que entre 1999 y ese año la empresa -manejada por Repsol- haya distribuido más de u$s 13.000 millones en dividendos, sin revertir la curva descendente de producción que repitió año tras año.

Sin embargo, Cristina Kirchner nunca reconoció públicamente que todo eso había sucedido bajo los ojos del Estado (que nunca dejó de ser accionista) y que convalidó el ingreso del grupo Eskenazi a la compañía, en una compleja operación financiera que restó poder de inversión a la petrolera. Tuvo responsabilidad, pero no la asumió.

El Gobierno podría haber ejercido presión sobre las concesiones de Repsol para conseguir resultados diferentes, un ejercicio al que el kirchnerismo no suele decir que no. En su lugar optó por tomar el control formal de la producción de hidrocarburos. Por eso no expropió todas las acciones. Lo que seguramente no llegó a imaginar es que el esfuerzo que le demandó este desafío iba a demorar tanto en rendir algún fruto. La batalla legal que abrieron los españoles creó una vara muy alta, y todo el potencial de Vaca Muerta no fue suficiente para magnetizar a las petroleras que mueven este mercado en el mundo.

¿Qué lectura se puede hacer entonces del acuerdo con Chevron? La primera es que después de haber enfrentado el déficit energético con una estatización, este receta representa una “solución de mercado”, en línea con otras ya concedidas a YPF pero negadas a Repsol, como los aumentos en el precio de la nafta y el reconocimiento de un mayor precio por el gas y el petróleo nuevos. La segunda es que las concesiones (exportación de 20% del crudo extraído y disponibilidad de reservas) se gatillarán en cinco años. Si se cumplen las metas, para ese entonces la importación de combustible ya dejaría de ser un problema. La tercera es que los juicios de Repsol no impidieron la entrada de un inversor, un factor con el que el Gobierno espera alentar el ingreso de otros jugadores.

En los papeles, todo esto es largo plazo. En lo que va del año, las compras de combustibles al exterior ya se incrementaron 15%. Y los $ 55.000 millones de subsidios destinados al sector energético en 2012 equivalen a todo el déficit fiscal de ese año. El kirchnerismo entendió tarde que nunca hubiera podido revertir este problema sin inversores extranjeros, sean Chevron, la china Cnooc o la propia Repsol. El costo en ingresos y reservas seguirá creciendo. Este precio lo pagamos todos.