Según un artículo de Dow Jones, la agencia de The Wall Street Journal, Lagarde planea recomendar a su board que la semana próxima envíe un documento a la Corte de los Estados Unidos. Sería la primera vez en su historia que el FMI realiza una acción semejante. Según expertos citados por Dow Jones, Lagarde “no haría esa recomendación (de interceder en favor de la Argentina) si no creyera que tiene el apoyo del directorio”.

El Fondo intervendría así en calidad de amicus curiae, o amigo de la causa, en favor del país. Una fuente oficial dijo la semana pasada que la relación con el FMI había mejorado por el trabajo conjunto para elaborar el IPC Nacional, que debe estar listo antes de las elecciones si el Gobierno quiere evitar sanciones. Hoy y mañana, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, participará de la cumbre de ministros del G-20 en Rusia, donde podrá medir qué apoyo tiene la causa argentina.

La Argentina, representada por el estudio de abogados Cleary Gottlieb, apeló a la Corte Suprema un fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que convalidó el reclamo de los fondos NML Capital, de Paul Singer, y EM, de Kenneth Dart, que argumentaron que el país violó la cláusula de pari passu o tratamiento igualitario de los bonos en default al pagar la deuda reestructurada y no los títulos en poder de los holdouts.
Luego, Apelaciones pidió al juez de distrito Thomas Griesa que definiera cómo y cuánto debe pagar el Estado. Griesa falló un pago en efectivo del 100% del juicio (u$s 1.330 millones) y obligó al Banco de Nueva York (BONY) a retener los pagos de la deuda regularizada, lo que provocaría un default técnico. La Argentina volvió a apelar. La Corte de Apelaciones no resolvió esta segunda instancia, que quedaría uspendida si la Corte Suprema toma el caso.

La Argentina argumenta que Griesa violó una ley federal (la ley de inmunidad soberana) al pretender embargar recursos de una cuenta que el BONY tiene en el Banco Central argentino. Es, según especialistas, el principal motivo por el que la Corte Suprema puede tomar el caso, algo que definiría en octubre.

También existen razones políticas para que el máximo tribunal estadounidense decida interceder. Tanto el FMI como el gobierno de Estados Unidos temen que avalar la posición de los fondos buitre siente un mal precedente para el sistema financiero. Es lo que en el Gobierno llaman “riesgo sistémico”: la plaza de Nueva York quedaría herida si un juez captura pagos de deuda reestructurada para saldar una sentencia de bonos en deufalt como pretendió Griesa.

No es un argumento menor. El viernes pasado, The Washington Post detalló una reunión de funcionarios de los Departamentos de Justicia y del Tesoro norteamericano en la Casa Blanca con abogados de la Argentina y de los fondos litigantes y adelantó que el gobierno de Barack Obama piensa pedir a la Corte que interceda en favor de la Argentina como amicus curiae.

Tanto los Estados Unidos como el FMI enviaron sendos escritos a la Corte de Apelaciones para que desarticule el fallo de Griesa meses atrás con los mismos argumentos. Por el momento, no hicieron mella en la Justicia norteamericana.

La American Task Force Argentina (ATFA), el think tank auspiciado por los fondos buitre, rechazó ayer las intenciones de Lagarde. Pretende “interponerse al gobierno de Estados Unidos en un asunto legal doméstico”, dijo el director ejecutivo de ATFA, Robert Raben.